Tanto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) exigen, en ciertos casos, la designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO). Esta figura no solo es obligatoria en situaciones específicas, sino que desempeña un papel clave en la supervisión del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos relacionados con los datos personales.

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