El debate sobre la posible cesión de competencias en materia de seguridad de puertos y aeropuertos a los gobiernos autonómicos de Cataluña y el País Vasco se inscribe en una problemática de gran calado constitucional y jurídico, cuyas implicaciones van mucho más allá de una simple decisión administrativa. La seguridad fronteriza es un elemento esencial de la soberanía estatal, vinculado intrínsecamente a la capacidad del Gobierno central para ejercer su autoridad sobre el territorio nacional y garantizar la integridad de sus límites. En este sentido, la postura del Ejecutivo, expresada de manera firme en su respuesta parlamentaria, es clara en la defensa de la competencia exclusiva del Estado en este ámbito. Sin embargo, el contexto político actual, caracterizado por una compleja red de negociaciones entre el Gobierno y fuerzas independentistas como Junts, introduce una serie de interrogantes sobre la solidez de este posicionamiento y la coherencia de las actuaciones gubernamentales.

La Constitución española delimita de manera inequívoca el reparto competencial en materia de seguridad pública. De acuerdo con el artículo 149.1.29ª, corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública. A su vez, el artículo 104.1 establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, integradas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, tienen la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Este marco normativo se ve complementado por la Ley Orgánica 2/1986, que, en su artículo 12.1, asigna a la Guardia Civil la custodia de aquellas infraestructuras que, por su importancia estratégica, requieran una especial protección.

En el caso de puertos y aeropuertos, el ordenamiento jurídico es claro en atribuir al Estado el control de las fronteras exteriores, la supervisión de las instalaciones estratégicas y la gestión de los flujos migratorios. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) también juega un papel clave en la protección de los límites de la Unión Europea, operando en estrecha colaboración con los cuerpos de seguridad nacionales. Cualquier cesión de estas competencias a un gobierno autonómico no solo plantearía dudas sobre su constitucionalidad, sino que también podría generar problemas de coordinación con las autoridades europeas, afectando el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de seguridad fronteriza.

El pronunciamiento del Ejecutivo ante las Cortes deja pocas dudas sobre su interpretación de la normativa. La respuesta remitida por el Ministerio del Interior desglosa, con notable detalle, hasta nueve argumentos que justifican el mantenimiento de las competencias en manos del Estado. La insistencia en la competencia exclusiva de la Guardia Civil sobre las infraestructuras críticas y la reafirmación del papel central de la Policía Nacional en el control de las fronteras ponen de manifiesto la trascendencia que el Gobierno otorga a este asunto. La contundencia de la respuesta parlamentaria busca desactivar cualquier especulación sobre un posible traspaso, al tiempo que envía un mensaje inequívoco a quienes, desde el independentismo, pretenden situar esta cuestión en el centro de la agenda política.

Sin embargo, esta firmeza retórica contrasta con el contexto en el que se desarrolla esta controversia. No puede pasarse por alto que las negociaciones entre el PSOE y Junts han situado sobre la mesa la posibilidad de ceder competencias en materia de inmigración, una cuestión que, en la práctica, podría implicar una intervención autonómica en la gestión de puertos y aeropuertos. Si bien el Ejecutivo ha negado categóricamente que se contemple una cesión de estas competencias, la ambigüedad de ciertos términos utilizados en las negociaciones –como el empleo del verbo “ceder” en lugar de “transferir”– sugiere que el Gobierno intenta maniobrar dentro de los márgenes de la legalidad constitucional sin cerrar completamente la puerta a concesiones de carácter práctico.

La cuestión de fondo en este debate no es únicamente jurídica, sino profundamente política. La cesión de competencias en materia de seguridad fronteriza no solo implicaría una alteración del esquema constitucional, sino que además supondría un precedente de gran trascendencia en la relación entre el Estado y las comunidades autónomas con aspiraciones independentistas. En el caso de Cataluña, donde la reivindicación de una “seguridad integral” ha sido una constante en el discurso del independentismo, la presencia de los Mossos d’Esquadra en puertos y aeropuertos tendría un fuerte simbolismo, al reforzar la idea de una administración autonómica con capacidad de control sobre los puntos de acceso al territorio. En el caso del País Vasco, la incorporación de la Ertzaintza a estas funciones reavivaría el debate sobre la progresiva asunción de competencias en seguridad por parte del gobierno autonómico, en línea con el Estatuto de Gernika y los pactos alcanzados en los últimos años.

A la luz de estos elementos, la negativa expresada por el Gobierno responde no solo a la necesidad de salvaguardar el ordenamiento jurídico, sino también a la conveniencia de evitar un conflicto político de difícil gestión. En un contexto en el que la estabilidad política depende de acuerdos con fuerzas de orientación independentista, cualquier movimiento en este sentido sería interpretado como una concesión que va más allá de lo estrictamente negociable.

El Gobierno ha manifestado con claridad que la seguridad en puertos y aeropuertos es una competencia irrenunciable del Estado, amparada por un marco normativo que otorga a la Guardia Civil y a la Policía Nacional la responsabilidad exclusiva en esta materia. Sin embargo, la tensión entre la afirmación jurídica y la dinámica política introduce una dosis de incertidumbre sobre la solidez de este posicionamiento. En este delicado equilibrio, el margen de maniobra del Ejecutivo se reduce a la capacidad de mantener la coherencia de su discurso institucional sin que las exigencias del independentismo lo empujen a cruzar un umbral que, por sus implicaciones jurídicas y políticas, no puede permitirse traspasar.