La Generalitat Valenciana ha comenzado a enviar circulares a los funcionarios interinos para detallar el procedimiento de compensación económica en caso de cese tras los procesos de estabilización. Esta medida, que podría interpretarse como un avance en el reconocimiento del abuso de la temporalidad, plantea importantes interrogantes sobre si las compensaciones ofrecidas son verdaderamente suficientes.

Según estas comunicaciones, los interinos cesados recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/2021. Sin embargo, las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 22 de febrero y 13 de junio, y en aplicación de las mismas, los tribunales de nuestro país, como por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han declarado el carácter insuficiente de la referida indemnización, como medida para reparar el daño causado por el abuso de temporalidad y prevenir futuras irregularidades.

Un reconocimiento tardío del abuso de temporalidad

La problemática del abuso de temporalidad en el empleo público no es una novedad. Durante años, miles de interinos han ocupado plazas de forma temporal, calificadas por la jurisprudencia comunitaria como fraudulenta. El TJUE, en su sentencia del 22 de febrero de 2024, enfatizó que las administraciones deben garantizar medidas efectivas y proporcionales para sancionar estas prácticas, destacando que la indemnización de 20 días por año de servicio es insuficiente.

Mientras que la Generalitat Valenciana intenta cumplir con la Ley 20/2021, esta normativa ya ha sido calificada como insuficiente por el TJUE. El Tribunal Comunitario contempla como solución realmente efectiva, el reconocimiento de fijeza del puesto para quienes han sufrido este abuso. Este escenario ya ha generado importantes precedentes en otras comunidades, como Castilla y León, donde tribunales han reconocido derechos adicionales a los interinos cesados.

Los riesgos de aceptar sin asesoramiento

Aceptar la solución ofrecida por la Generalitat sin un análisis detallado podría significar renunciar a derechos superiores. Según la experiencia de Unive Abogados, muchos interinos podrían reclamar no solo indemnizaciones más altas, sino también el reconocimiento de la fijeza del puesto, dependiendo de las particularidades de cada caso.

Además, los empleados públicos afectados disponen de un plazo limitado, concretamente de un año para accionar, contando desde la publicación de la sentencia que reconoce este derecho. Esta limitación temporal subraya la importancia de actuar con diligencia, ya que los afectados deben analizar su situación legal y tomar decisiones con rapidez para no perder la oportunidad de reclamar por sus derechos.