La seguridad jurídica derivada de una regulación clara, estable y consistente es una permanente reclamación de todo el sector inmobiliario (pequeños y grandes operadores, inversores, promotores, gestores,…)

Puede parecer una cantinela que repetimos los profesionales del sector inmobiliario exclusivamente en beneficio de las empresas del sector, pero se trata de una exigencia en favor de todos los intervinientes en el  mercado, especialmente de los consumidores.

Pero además se trata de un compromiso asumido por España en junto al resto de países miembros Unión Europea. Una de las exigencias de “Better regulation” es  analizar adecuadamente el impacto de esa nueva regulación.

Ese análisis del impacto de modificar la normativa es si cabe más importante con una coyuntura económica con nubarrones.

Según publicaba recientemente el Instituto de Estudios Económicos (COYUNTURA ECONÓMICA, N.º 76 / 2022  Julio de 2022), la protección de la propiedad privada en España se encuentra muy por debajo de la existente, en promedio, tanto en la UE como en la OCDE, teniendo el puesto 26 de las 37 economías avanzadas analizadas.

A ello se suma que España tiene un régimen fiscal más lesivo para la propiedad inmobiliaria en términos comparados.

A pesar de ello, tal y como publica el mismo Instituto de Estudios Económicos (COYUNTURA ECONÓMICA, N.º 77 / 2022 diciembre de 2022), el mercado inmobiliario, que está menos tensionado que la media europea y no tiene burbuja de precios.

En ese contexto, se dictan normas que pretenden proteger a los arrendatarios o facilitar el acceso a la vivienda, como la prórroga de la limitación al incremento en la renta de las viviendas (establecida como coyuntural pero prorrogada por segunda vez, hasta el próximo 31 de diciembre), moratorias de desahucios, permisividad con la ocupación ilegal, medidas que se confirman en el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Las citadas medidas pueden ocasionar una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, que está en más del 90% en manos de particulares, que en no pocas ocasiones optan por mantener viviendas vacías por miedo a la ocupación, impago o vandalización de la vivienda. Además, generan pérdida de confianza en nuevos inversores.

Es indispensable un marco regulatorio simple, estable y predecible, que aporte certidumbre y  no ponga en riesgo un sector que tira de la economía española. Para ello es preciso regular analizando cuidadosamente el impacto de la norma en el mercado inmobiliario, y sin generar tensión y desconfianza que ahuyentan la inversión.

Por otro lado, en ocasiones los cambios legislativos se justifican para proteger a colectivos vulnerables.

Las normas que suspenden los lanzamientos y desahucios en ocupaciones ilegales lanzan un mensaje negativo al mercado, pero además dificultan el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables a los que se pretendía proteger, ya que los arrendadores exigirán mayores garantías alos potenciales arrendatarios (i.e. mayores avales, procesos de scoring mas exigentes), lo que impide acceder al alquiler a este tipo de colectivos.

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