• El 3 de marzo el tribunal europeo fallará sobre el llamado “impuesto al sol” por la demanda de una empresa valenciana defendida por el despacho Martín Queralt Abogados
• Una sentencia anulatoria del impuesto podría obligar al Estado español a devolver miles de millones recaudados en los casos no prescritos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado que el próximo 3 de marzo se pronunciará sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). Y lo hará sentenciando la demanda de una empresa valenciana, Promociones Oliva Park SL, defendida por el despacho Martín Queralt Abogados. Su caso es el denominado “pleito testigo”: es el primero que se juzga en el tribunal europeo por esta causa y va a servir de referente, sentando jurisprudencia para las miles de demandas interpuestas en España respecto al llamado “impuesto al sol”.

Esta sentencia europea podría tener una consecuencia de impacto para las arcas del Estado español: el tribunal de mayor rango de la Unión podría declarar nulo el impuesto y obligar a que se devuelva todo lo que ha recaudado desde que entró en vigor y que no se encuentre prescrito. Una factura de hasta 15.000 millones de € que depende de esta demanda, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) elevó a la Corte europea.

“Somos la locomotora de esta cuestión judicial y detrás de nosotros van miles de vagones, que son las demandas presentadas en España contra este impuesto”, explica José García Roig, socio Of Counsel de Martín Queralt Abogados y artífice de este pleito: “Yo soy también el propietario de la empresa Oliva Park SL, ahora llamada Seedlife SL, y tuvimos la iniciativa de pedir al TSJCV que elevara a Europa la demanda contra este impuesto que grava el 7% de toda la producción eléctrica en España. Teníamos claro que el llamado impuesto al sol contradice la normativa europea y confiamos en que el TJUE así lo considere”. El 22 de febrero de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió por unanimidad elevar esta cuestión prejudicial al TJUE para que se pronunciara sobre la idoneidad del IVPEE.

Este controvertido impuesto de tipo fijo, el IVPEE, está recogido en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. El Gobierno de Mariano Rajoy lo sacó adelante cuando Cristóbal Montoro era el ministro de Hacienda. Un impuesto del 7% sobre la producción de energía eléctrica de todas las plantas de generación de España, que se justificó en el déficit de tarifa del sistema eléctrico. Un impuesto que grava a toda la producción eléctrica, no solo la proveniente de las energías renovables.

El TJUE se pronunciará el 3 de marzo sobre la cuestión. Si decide que el impuesto contraviene el Derecho de la UE, obligaría a su derogación y a devolver el importe total de la recaudación a las empresas productoras de energía renovables y no renovables, en los casos en los que no hayan prescrito.