Madrid, 6 mar (EFE).- Las cifras de acoso escolar que aportan asociaciones y organizaciones de protección a los menores señalan que hay 256.000 víctimas menores, y mientras los familiares piden una ley específica para que el maltrato reiterado sea considerado delito, la Asociación de Fiscales recuerda que con los menores no hay responsabilidad penal.

"Con los menores de 14 años no hay intervención penal y se remite un informe al centro educativo para que intervenga", ha explicado la fiscal de menores Montserrat García durante unas jornadas en el Congreso en las que han participado asociaciones como NACE, la Fundación ANAR, Save The Children, Unicef, padres y madres de víctimas de acoso escolar y expertos en salud mental, entre otros.

Todos han coincidido en que es urgente dar prioridad al acoso escolar en la agenda política para que haya más recursos, más pedagogía en los centros educativos y mayor coordinación entre administraciones en cuanto a los protocolos.

El portavoz de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, pide un "protocolo básico estatal" mientras que José Manuel López, el presidente de Trencats -Asociación contra la violencia en las escuelas- y padre de Kira, adolescente que se quitó la vida con 15 años por acoso, ha recalcado que "debemos garantizar los mismos derechos a los menores en todas las comunidades autónomas".

"La inacción mata y por eso queremos una ley específica que garantice los derechos de víctimas de acoso escolar y la reparación del daño", ha pedido José Manuel, que ha instado a una mayor coordinación entre ministerios.

"Se lo debemos a los que no están aquí", ha incidido tras recordar a los políticos que "no hay profesional de salud mental ni experto que pueda cuantificar el dolor que se le hace a un niño cuando tiene acoso escolar".

Generar interés ante "este problema tan grave" y hacerlo visible, además de implementar la figura del coordinador de bienestar al cien por cien en todos los centros dándoles más formación y tiempo, son peticiones de Save The Children, mientras que la Fundación ANAR insiste en que la UNESCO recomienda que haya un orientador por cada 150 alumnos.

Familiares de víctimas se quejan de que los tiempos administrativos para que las inspecciones educativas respondan son "excesivamente lentos" y "al final las violencias en las escuelas quedan impunes".

"¿Qué falla en los protocolos? El cien por cien de los afectados se sienten solos. ¿Por qué nadie ve nada? Esto es un fracaso absoluto de todas las instituciones", ha lamentado Miriam Al Adib, madre de una chica que fue acosada tras difundirse una imagen de ella desnuda falsificada con inteligencia artificial.

"Hemos normalizado el maltrato en los colegios, si los golpes no son constantes y reiterados no se aplica ningún protocolo, no están obligados", critica el padre de Kira, al tiempo que la presidenta de NACE, Carmen Cabestany, cree que los protocolos no funcionan "porque los administra el propio centro y es muy fácil manipularlos".

Cabestany advierte de que "no se quiere hablar de acoso escolar" en los claustros de las escuelas y pone el acento en la prevención y en la creación de un clima escolar seguro.

En este sentido, el portavoz de ANAR apuesta por continuar con un teléfono en cada centro para avisar de un caso de acoso o violencia: "Si hay un teléfono, el acosador se lo va pensar dos veces; es como tener una alarma en casa".

"El silencio es el mayor aliado del acoso" que tiene consecuencias en la salud mental a largo plazo, señala la jefa de servicio de psiquiatría y psicología clínica infantil del Hospital Universitario Niño Jesús, Montserrat Graell, que también ve clave un "cambio de cultura en las escuelas".

Porque las guías y protocolos de los centros son solo el primer paso, incide Graell que avisa de que más de la mitad de los trastornos mentales empiezan en la infancia y la adolescencia, y las cifras de acoso actual "son un problema de salud pública".

Desde la Fiscalía de Menores, Montserrat García, recuerda que el delito de acoso se penaliza en el Código Penal cuando hay una conducta dolosa, es decir que tiene que haber conciencia y voluntad, que no es lo mismo que la imprudencia, "que no está penada".

"Y la mayoría de los comportamientos de los menores se integran en la imprudencia", puntualiza tras afirmar que actualmente hay más delitos por violencia escolar que hace 20 años y señalar que la Fiscalía de Menores solo actúa entre los 14 y los 18 años y lo hace bajo el principio de la "resocialización del menor. No imponemos penas sino medidas".