En el ejercicio de la función jurisdiccional, la búsqueda de un equilibrio entre la eficiencia y la garantía de derechos procesales representa uno de los mayores desafíos para los jueces. En este sentido, la decisión del juez Juan Carlos Peinado de resolver dieciséis recursos mediante una única resolución debe ser analizada bajo la premisa de que las medidas procesales, aunque controvertidas, están generalmente orientadas a salvaguardar los intereses del proceso en su conjunto. Más allá de los alegatos de la defensa de Begoña Gómez ante la prensa, es imprescindible examinar la legitimidad de esta actuación desde la óptica de una justicia sostenible y eficiente, particularmente en un sistema que enfrenta un uso cada vez mayor de recursos procesales como estrategia dilatoria o abusiva.

El caso en cuestión ilustra la tensión existente entre el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de evitar el colapso del sistema judicial. La interposición de dieciséis recursos por diferentes partes, aunque amparada por el derecho de acceso a la justicia, plantea interrogantes sobre la proporcionalidad y pertinencia de dichas acciones en un marco que exige racionalidad y buena fe procesal. El juez Peinado, al resolver todos los recursos en una única resolución, podría haber actuado conforme a un criterio de economía procesal que no solo busca dar celeridad al procedimiento, sino también evitar la dispersión de criterios en cuestiones interrelacionadas.

La interposición de dieciséis recursos, provenientes de diversas partes, puede interpretarse como una expresión de un uso abusivo del servicio público de justicia. Aunque el derecho a recurrir está protegido constitucionalmente, su ejercicio debe ser compatible con los principios de buena fe y lealtad procesal. En este caso, la acumulación de recursos en una sola resolución puede responder a la necesidad de contrarrestar la estrategia de fragmentación del litigio que, de otro modo, podría ralentizar la resolución del caso principal.

El juez Peinado, al optar por unificar la tramitación de los recursos, parece haber priorizado la coherencia en el análisis de las cuestiones planteadas, garantizando así una interpretación uniforme de las normas aplicables. Esta decisión, lejos de ser arbitraria, puede estar fundamentada en la necesidad de preservar la integridad del procedimiento, evitando resoluciones contradictorias que podrían dar lugar a nuevos conflictos. La defensa de Begoña Gómez, al cuestionar esta decisión, ignora que la fragmentación del análisis podría haber resultado en una prolongación innecesaria del proceso, en detrimento del principio de celeridad procesal.

La crítica de la defensa de Gómez se centra en la supuesta falta de motivación en la resolución emitida por el juez Peinado. Sin embargo, cabe destacar que la motivación de una resolución no debe confundirse con la necesidad de abordar de manera exhaustiva cada uno de los argumentos planteados por las partes en diferentes recursos. El Tribunal Constitucional ha señalado que la exigencia de motivación se satisface cuando la resolución permite a las partes comprender las razones esenciales que sustentan la decisión adoptada. En este caso, es razonable asumir que la acumulación de recursos obedece a criterios de conexidad y economía procesal, aspectos que no necesariamente requieren una justificación extensa y detallada en cada punto específico, con la consiguiente obligación de motivar la resolución en todos los extremos planteados por las partes recurrentes. En este sentido, resalta la Sentencia del Tribunal Constitucional 192/2003, de 27 de octubre, que expresa lo siguiente:

"La exigencia constitucional de que las resoluciones judiciales sean fundadas en Derecho implica, como presupuesto inexcusable, según también hemos declarado tempranamente desde la STC 16/1982, de 28 de abril, FJ 1, la vinculación a la Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico, de todos los poderes públicos, y por consiguiente también de los Jueces y Tribunales integrantes del Poder Judicial (arts. 9.1 y 117 CE). Como este Tribunal afirmó ya en su STC 19/1982, de 5 de mayo, "es un imperativo para todos los poderes llamados a aplicar la ley interpretarla conforme" a la Constitución, lo que significa elegir entre sus posibles sentidos "aquél que sea más conforme con las normas constitucionales" (FJ 7). Con reiteración hemos dicho que no puede este Tribunal, al examinar una queja fundada en el derecho que enuncia el art. 24.1 CE, someter a revisión la selección e interpretación de las normas llevadas a cabo por un órgano judicial, pero tal límite de nuestra jurisdicción corre paralelo al ámbito de la legalidad ordinaria y no puede llevarnos a omitir nuestro enjuiciamiento cuando, como aquí ha ocurrido, la fundamentación judicial debe ser también examinada con arreglo a principios de la Constitución que son marco inexcusable para el entendimiento de cualesquiera derechos constitucionales.
De ahí que el canon aplicable al examen constitucional de las resoluciones judiciales desde la perspectiva del art. 24.1 CE, se encuentre sujeto a un mayor rigor cuando queda afectado otro derecho reconocido por la Constitución (SSTC 160/1987, de 29 de enero, FJ 2; 147/1999, de 4 de agosto, y las que se citan en su FJ 3), tal y como ocurre en el presente caso, habida cuenta de que la declaración de procedencia del despido podría afectar a la libertad de trabajo comprendida en el derecho al trabajo que reconoce el art. 35.1 CE, concretada en "el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación" en los términos de nuestra STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8. En suma, en situaciones como la expuesta, el canon propio del art. 24.1 CE no se ciñe únicamente a la comprobación negativa de que la decisión judicial no es infundada, manifiestamente irrazonable o arbitraria ni incurre en error patente (STC 214/1997, de 29 de noviembre, FJ 4), sino que añade a ese control el positivo sobre la ponderación y adecuación de la motivación de tal decisión judicial, que necesariamente ha de exteriorizarse (SSTC 34/1997, de 25 de febrero, FJ 2; 83/1998, de 20 de abril, FJ 3), a los derechos concernidos (SSTC 99/2001, de 23 de abril, FJ 6; 100/2001, de 23 de abril, FJ 8)."
 

La defensa de Gómez argumenta que la resolución conjunta genera indefensión, pero esta afirmación parece ignorar que el proceso penal no está diseñado para garantizar una satisfacción individualizada de todas las pretensiones procesales, sino para alcanzar una decisión global que sea justa y eficiente. Si bien es cierto que cada recurso merece un análisis cuidadoso, también es responsabilidad del juez, en el ámbito de sus competencias, gestionar el proceso de manera que no se vea comprometido por un exceso de formalismos o procedimientos innecesariamente repetitivos.

En el marco de un sistema judicial que enfrenta crecientes demandas de eficiencia, es crucial abordar el fenómeno del abuso del servicio público de Justicia, entendido, a la luz de la Ley Orgánica 1/2025, como la utilización desmesurada o injustificada de los recursos legales disponibles. En tal sentido, se recoge lo siguiente en el preámbulo de la citada norma:

"Surge así la noción del abuso del servicio público de Justicia, actitud incompatible de todo punto con su sostenibilidad. El abuso del servicio público de justicia se erige como excepción al principio general del principio de vencimiento objetivo en costas, e informador de los criterios para su imposición, al sancionar a aquellas partes que hubieran rehusado injustificadamente acudir a un medio adecuado de solución de controversias, cuando este fuera preceptivo. Del mismo modo, el abuso del servicio público de justicia se une a la conculcación de las reglas de la buena fe procesal como concepto acreedor de la imposición motivada de las sanciones previstas en la mencionada Ley 1/2000, de 7 de enero.
Este abuso puede ejemplificarse, por tanto, en la utilización irresponsable del derecho fundamental de acceso a los tribunales recurriendo injustificadamente a la jurisdicción cuando hubiera sido factible y evidente una solución consensuada de la controversia, como son los litigios de cláusulas abusivas ya resueltos en vía judicial con carácter firme y con idéntico supuesto de hecho y fundamento jurídico, o en los casos en que las pretensiones carezcan notoriamente de toda justificación impactando en la sostenibilidad del sistema, del cual quiere hacerse partícipe a la ciudadanía.
Así, si bien este nuevo concepto puede presentar elementos concomitantes con otros existentes como temeridad, el abuso del derecho o la mala fe procesal, los complementa, ofreciendo una dimensión de la Justicia como servicio público al exigir una valoración, por parte de los Tribunales, de la conducta de las partes previa al procedimiento, en la consecución de una solución negociada."

La interposición de dieciséis recursos en un solo caso podría interpretarse como una estrategia orientada más a dilatar el procedimiento que a buscar una verdadera resolución del conflicto. Este tipo de conductas, si bien amparadas formalmente por el derecho de acceso a la justicia, pueden tener efectos perjudiciales para el sistema en su conjunto, al desviar recursos y tiempo que podrían destinarse a otros casos.

El juez Peinado, al unificar los recursos en una sola resolución, parece haber adoptado una postura firme frente a este tipo de prácticas, enviando un mensaje claro sobre la necesidad de utilizar los mecanismos procesales de manera responsable. Lejos de constituir una vulneración de derechos, esta decisión puede interpretarse como una medida orientada a preservar la sostenibilidad del sistema judicial y a garantizar que los procedimientos no se conviertan en un instrumento de manipulación procesal.

La economía procesal, entendida como el uso racional y eficiente de los recursos disponibles en el sistema judicial, constituye un principio esencial en la administración de justicia. En este caso, la decisión del juez Peinado refleja una aplicación práctica de este principio, al evitar que el análisis fragmentado de los recursos derive en una duplicación innecesaria de esfuerzos y en una potencial contradicción de criterios. Aunque la defensa de Gómez insiste en que la acumulación de recursos afecta la calidad del análisis, esta afirmación ignora que la coherencia y la claridad en la motivación no están necesariamente reñidas con la economía procesal, con arreglo a las Sentencias del Tribunal Constitucional 8/1991, de 17 de enero, y 39/2015, de 2 de marzo.

Además, el contexto del caso sugiere que los dieciséis recursos no son completamente independientes entre sí, lo que refuerza la legitimidad de su resolución conjunta. El juez, en su calidad de garante del procedimiento, tiene la facultad de adoptar decisiones que, aunque puedan ser cuestionadas por las partes, buscan preservar el interés general del proceso. En este sentido, la actuación de Peinado puede interpretarse como un esfuerzo por equilibrar las demandas particulares con las exigencias del sistema judicial en su conjunto.

El caso del juez Peinado plantea una cuestión central sobre el papel de los jueces en la gestión de procedimientos complejos. Frente a un número creciente de recursos y demandas, es necesario reconocer que la eficiencia no es incompatible con la justicia, siempre que se respeten los principios básicos del proceso. La decisión de resolver dieciséis recursos mediante una única resolución, lejos de ser una muestra de negligencia, puede considerarse una respuesta legítima a las crecientes demandas de racionalidad y sostenibilidad en el sistema judicial.

Criticar esta actuación sin tener en cuenta el contexto procesal y las posibles estrategias dilatorias o mediáticas de las partes supone ignorar la responsabilidad de los jueces de garantizar no solo la tutela judicial efectiva, sino también la celeridad y coherencia en la administración de justicia. En este caso, la postura del juez Peinado merece ser analizada no como un acto arbitrario, sino como una decisión que refleja una comprensión profunda de las complejidades del sistema judicial y de la necesidad de adaptarse a sus crecientes desafíos.