La creación de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) en España, supone la culminación en España del    proceso de implementación de la Directiva  UE 2019/1937  del Parlamento Europeo y del Consejo y marca un cambio histórico. Con ella, nuestro país da  un paso fundamental en la  protección de los  denunciantes  frente a las  represalias de que son objeto  en muchas ocasiones.
 
“Entramos en un tiempo nuevo que entierra ese histórico prejuicio contra el denunciante, y que llevaba a tratarlo como un chivato o como un sociópata.  Protegerlo ya no es opcional, sino un pilar básico para la transparencia de las organizaciones y también de la justicia”,  asegura Diego Cabezuela, senior partner de Círculo Legal. El abogado pone también en valor “el servicio incalculable que presta a su organización, al alertarla de hechos irregulares, que pueden dar lugar a responsabilidades legales graves o a daños reputacionales ”.
 
Aunque la mayoría de países UE ha llegado tarde a la implementación de la Directiva, el nuevo escenario ya está abierto y en funcionamiento. De todos modos, Cabezuela advierte de un nuevo debate que asoma en el horizonte. A además de proteger a los denunciantes, ¿se les debe estimular con recompensas?
 
Estados Unidos, el ejemplo
Por ejemplo, en Estados Unidos la Security Exchange Commission (SEC) estableció importantísimos estímulos económicos en 2011 para alentar y recompensar a quienes proporcionaran información relevante sobre fraudes financieros. En algunos casos hasta  el 30% de las cantidades obtenidas a través de las multas impuestas a los infractores  gracias a sus revelaciones.  
 
“En Europa, en cambio,  se da por hecha  una actuación altruista de los denunciantes, basada solo en su sentido de la ética y del cumplimiento de la ley. Los  gobiernos se sienten incómodos con la idea de intentar limpiar la corrupción a base de recompensar a los  informantes.  señala Cabezuela. De hecho, la ley española solo prevé darles apoyo financiero y psicológico,  con carácter excepcional. Solo un pequeño “socorro asistencial” para situaciones de emergencia
 
“Nadie hará fortuna en España, ni en Europa, con esto”, asegura Cabezuela. a de. “No sé si es bueno o malo, pero los  países que ofrecen recompensas transmiten a los denunciantes el mensaje, cínico, pero rotundo, de que su información vale de verdad”.
 
Los defensores de las recompensas sostienen que, pese a la garantía de anonimato, los informantes siempre acaban sufriendo profesional y personalmente y que por eso es justo recompensarles.  “A menudo ven truncada su carrera y se ven señalados o denigrados. Y si la organización denunciada es poderosa y  contraataca, puede que  necesiten  contratar abogados y asumir un proceso legal duro e interminable”, apunta Cabezuela.  Por otro lado, desde la línea europea se sostiene que las recompensas no son éticas y que su establecimiento alimenta la creación en las  organizaciones de un ambiente de recelo y desconfianza