• Las empresas de entre 50 y 100 empleados tienen hasta el 7 de marzo para registrar su plan de igualdad. Ese día finaliza el plazo y los despachos laboralistas están recibiendo muchas consultas y peticiones de empresas que lo han dejado para el último momento.

Los planes deben contar con un diagnóstico previo en el que se ha de reflejar, con indicadores cuantitativos y cualitativos, cómo es el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción, las condiciones de trabajo, incluida la auditoria salarial, las medidas de conciliación y corresponsabilidad, las retribuciones, la representación femenina y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

“Se hace una foto de cómo está la situación en la empresa, y se fijan una serie de medidas y acciones para mejorar y evitar discriminaciones”, explica Silvia Palacios, socia directora de Selier Abogados.  “ El plan tiene que elaborarse de hacerse de manera detallada por parte de cada empresa, no puede ser un corta y pega.  Es un instrumento muy útil si la empresa se lo toma en serio, hay que darle seguimiento, ver el impacto que se consigue, revisarlo cada cuatro años….”.

Hasta 2019 contar con un plan de igualdad era solo obligatorio para las empresas de más de 250 trabajadores, a las empresas de entre 150 y 250 100 y 150 se les dio de plazo hasta el 2020 y las de entre 100 y 150 hasta 2021. Este año es el turno para las más de 13.000 empresas entre 50 y 100 trabajadores que hay en nuestro país (según datos del INE).

No cumplir con esta obligación conlleva sanciones económicas por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  “Para infracciones graves,  cuando la empresa tiene el plan pero no cumple con las medidas obligatorias establecidas, las sanciones pueden ir de 751 a 7.500 euros. En cuanto a las situaciones muy graves, no tener elaborado el plan de igualdad, las multas pueden ir de 7.501 a 225.018 euros”, asegura Luis San José Gras, socio del área de Derecho Laboral de AGM Abogados.

Además, las empresas que no cuenten con dicho plan tendrán “limitaciones para presentarse o licitar a concursos públicos con la Administración de Justicia”, añade San José.

La elaboración de los planes se está ralentizando en muchos casos porque, en las empresas que no cuentan con representación de los trabajadores,  hay que negociarlo con los sindicatos más representativos del sector y sus representantes, con tantas peticiones de última hora, están desbordados.