La Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica son enfermedades crónicas, catalogadas a nivel científico, pero todavía no del todo visibles para la sociedad. Las personas que las padecen ven como su ritmo de vida se altera, sufren cansancio crónico y estrés, se sienten incapaces para trabajar, su cuerpo y su mente se ralentizan. La enfermedad las aparca y borra socialmente.

El día 12 de mayo, celebramos el día Internacional de la Fibromialgia. Un día que ayuda a dar voz a estos enfermos, a reivindicar sus derechos: legales y sociales.

El enfermo de fibromialgia arrastra una pesada losa: la incomprensión. Sienten un dolor constante que les inhabilita pero que no parece tener una causa concreta. La familia siempre apoya al principio, pero, con el paso del tiempo, crece el desánimo, no saben como ayudar, empiezan las dudas y, en el peor de los casos, esto deriva en indiferencia.

Fibromialgia y trabajo

En el ámbito laboral ya no cuentan. La enfermedad les impide trabajar. E, incluso han de soportar la apatía de algunos médicos que, conscientes de que padecen una patología crónica, sin tratamiento eficaz, parecen abandonar a su suerte a los enfermos.

Este coctel de incomprensión produce en el enfermo un sentimiento de culpa. Culpable de no poder trabajar, culpable de no dar la talla con la familia, culpable por ahogarse en el dolor y el cansancio. Culpable de padecer fibromialgia.  Ese es el veredicto social. Y cuando buscan justicia se encuentran también con un total desamparo legal. Acuden a los tribunales con un diagnóstico, con informes médicos que, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud, demuestran sus limitaciones físicas y psíquicas. Pero sistemáticamente, los tribunales médicos y judiciales les niegan la posibilidad de conseguir una incapacidad.

Los Tribunales

La jurisprudencia ha venido expresando un tradicional recelo hacia este tipo de enfermedades por el hecho de que las limitaciones funcionales que padecen los enfermos no responden a secuelas objetivas. Las dudas, el temor a que el enfermo pueda simular los síntomas y la necesidad de proteger el Sistema de Seguridad Social de eventuales fraudes condiciona, muchas veces, la decisión de la Administración y los jueces.

Afortunadamente, la aceptación médica y social de la fibromialgia como una enfermedad invalidante, ha provocado también la necesaria reinterpretación del artículo 136 de la Ley General de la Seguridad Social que requiere que las secuelas sean «susceptibles de determinación objetiva» y matiza: sin restricción alguna a los medios de comprobación.

Los jueces empiezan a entender que, aunque no existan pruebas objetivas o radiológicas que lo demuestren, los pacientes que cumplen los parámetros médicos establecidos por la OMS para el diagnostico de la fibromialgia, padecen unos síntomas que clasifican esta enfermedad dentro del grado de Incapacidad Permanente Absoluta. Síntomas tales como un estado de debilidad crónico, profunda fatiga que empeora con el esfuerzo físico o mental y limitaciones orgánicas y funcionales muy severas que repercuten gravemente sobre su estado de salud general.

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona va en esta línea al conceder a una enferma el derecho a recibir una pensión tras reconocerle una incapacidad permanente absoluta por sufrir fatiga crónica y fibromialgia. Argumenta la sentencia que estas enfermedades le impiden "llevar a cabo cualquier tipo de trabajo con la necesaria regularidad y eficacia exigible en un mercado laboral competitivo".

Afecta al 2-3% de la población

La Sociedad Español de Neurología establece que entre un 2 y un 3% de la población española podría padecer fibromialgia y fatiga crónica, lo que significaría más de un millón de personas. Se calcula que 3 de cada 4 pacientes están sin diagnosticar, y que un 20% de los pacientes con estas enfermedades se ven incapacitados para poder ir a trabajar.

Ante esta realidad, reivindicar para ellos una prestación digna que supla su incapacidad para el trabajo es sólo hacer justicia.