El nuevo Gobierno ha anunciado que volverá a cotizar por las, aproximadamente, 180.000 personas cuidadoras no profesionales de personas dependientes, en su amplísima mayoría mujeres que cuidan a un familiar, como es sabido. Una medida tan acertada como necesaria y esperada.

Y digo que al fin vuelve la cordura porque la aniquilación de estas cotizaciones fue un esperpento, una burla a este colectivo de mujeres, un vacío a la dignificación del  durísimo trabajo que realizan… y muchas líneas he escrito sobre el particular.

La cuantificación del número de personas que cotizaban a la  Seguridad Social con dedicación al cuidado de familiares en situación de dependencia se redujo en un 86% en el mismo momento de suprimir bonificaciones a sus cuotas, de las que un 94% eran mujeres. Es un régimen especial  que no soporta, por ejemplo, prestación por desempleo  (el cuidador de alta en el régimen especial de la seguridad social (RD 615/2007), cotizará para jubilación, incapacidad permanente, y prestaciones de muerte y supervivencia, derivadas de accidente o de enfermedad, pero no para prestación por desempleo.  Esto lleva a pensar que si se da de baja en el convenio especial de familiares cuidadores no profesionales, no es posible solicitar prestaciones o subsidios por desempleo por las cotizaciones que se realizaron mediante este convenio) ni  la incapacidad temporal. Además para  suscribirse es preciso que el cuidador no profesional no se encuentre en situación de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social a tiempo completo, desempleo o sea perceptor de determinadas prestaciones.

En el momento que esta polémica medida entró en vigor con la  Ley de la Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción ,de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), muchas mujeres se habían  adherido  a la fórmula de cuidar a sus parientes percibiendo unos 487 euros mensuales si era un gran dependiente de nivel II o 390 euros al mes si es dependiente nivel I y cotizando a la Seguridad Social  así como una media de 74 euros para formación, que les estaba brindando la posibilidad de trabajar  y cotizar y tener acceso a una pensión en base a su trabajo  pero  implantada la reforma del RD 20/2012, desde el 1 de enero de 2013 son los propios cuidadores , familiares no profesionales,  los que deben pagarse ese coste .  Las mujeres de las unidades familiares  que tienen a cargo personas con dependencia continúan siendo cuidadores de dichas personas, faltaría más,  aún cuando no cotizan por no poder desembolsar las cuotas a la seguridad social, por tanto, sin cobertura social.

 Todo esto desencadenó una repulsa social sin precedentes y arreglarlo cuanto antes es de recibo. Por ello, debe acogerse abiertamente esta iniciativa de restaurar lo justo. A la espera quedamos.