En el año 1.993 entre en la universidad como alumno de primer curso de derecho y una de las asignaturas que más me gustaba era derecho constitucional, en ella, entre otras muchas cosas se enseña a los futuros abogados que desde 1.978 en este país existe un estado de Derecho, según se dice en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, lo que supone asumir que la Ley está por encima de todo y de todos y cuya consecuencia es una separación de poderes en el Estado, por un lado el poder ejecutivo que reside en el Gobierno, el Legislativo en las Cortes Generales y el Judicial, en los jueces y magistrados de todo el territorio nacional.

Bien, estado así las cosas el tercer poder, el judicial se encuentra gobernado, así mismo por un llamado Consejo General, según la Constitución, cuya función es, precisamente, procurar que los jueces sean independientes en su quehacer diario.

No hay político en España al que no se le haya llenado la boca con esta “teoría”, la independencia judicial, o lo que es lo mismo, que los jueces no tienen interferencia alguna a la hora de hacer su trabajo, cuya culminación es dictar sentencias. Pero, ¿realmente son los jueces independientes? ¿es real esa separación de poderes? Imaginemos a un magistrado juzgado a un ciudadano por robar un vehículo e imaginemos a otro magistrado juzgado a un político de los que llenan el telediario por ejemplo. Lo que es seguro es que el primer juez casi seguro tendrá difícil presiones “externas” mientras que al segundo, quizá será complicado que no las tenga.

Y es que muchas veces, ha sido y es Europa quien tiene que salir a airear nuestras propias vergüenzas porque ya en el año 2.017 según un informe España está a un paso del pódium en países de la Unión con la justicia menos independiente, pues países como Croacia, Bulgaria y Eslovaquia, nos ganan en tal mérito.

Ya han sido muchos los que han puesto en entredicho esta manida combinación de palabras, entre ellos catedráticos que han probado mediante escritos de magnífica altura, como los Gobiernos han “metido mano” en el nombramiento de jueces tanto antes como después de la Constitución Española.

Hemos de tener en cuenta que quien nombra a un juez es un político, quien lo asciende y quien lo sanciona también, por lo que reza bien ese dicho popular que dice “no has de morder la mano que te da de comer”.

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Ellos mismos, lo jueces lo dicen abiertamente, “tenemos que defender nuestra independencia”, ¿por qué será? ¿Cómo puede un poder del Estado tener conciencia de la fragilidad de la esencia de su propia existencia, manifestando su encarecida defensa de manera pública y notoria?

Es decir, cuando un juez tiene en la mesa un asunto judicial relevante para “alguien”, además de estar acompañado de su séquito judicial de rigor, muy posiblemente lo esté también de algunas personas que pueden sugerirle el texto de la sentencia y, por supuesto, la condena o absolución del fallo.

Recuerden una cosa muy importante, el PSOE, el PP, Ciudadanos y Podemos controlan de manera descarada a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los nombran a dedo y éstos nombran a su vez a todos los jueces del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencias y Salas de lo civil y criminal de nuestros políticos, que, como saben ustedes, se encuentran aforados, o, lo que es lo mismo, ni a usted ni a mi nos puede juzgar un juez del Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, o de una Audiencia Nacional no, todos estos jueces juzgan, entre otros a nuestros políticos, o lo que es lo mismo, juzgan a quienes pueden “meter mano” a su independencia judicial.

Recuerden la reunión secreta que, con motivo de la imputación del señor Urdangarín, se produjo en las altas instancias del poder (no del judicial) sino del real, donde, según varios periodistas se llegó a decir algo así “ni podemos ni debemos salvar al señor Urdangarín”, dicha frase prácticamente lo dice todo.

Pero es que además quien nombra a la mitad de los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia son los políticos del parlamento autonómico correspondiente, o lo que viene a ser lo mismo, el presidente de cualquier comunidad autónoma de este país nombra a quien deba juzgarle, en caso de tener que pasar por un juzgado.

Pero lo todavía más interesante es que el Fiscal General es nombrado por el mismísimo Gobierno, algo verdaderamente surrealista en un llamado “Estado de Derecho” y es que, en todos mis años como letrado, jamás he visto a un Fiscal, salir en defensa de un imputado, es más, no conozco a ningún letrado que haya visto tal comportamiento, hasta que un buen día un familiar de la casa real fue imputado por un asunto turbio; pero es más, no solo salió en su defensa, sino que llegó al enfrentamiento con el juez por ello.

Estando así las cosas, existe independencia judicial en ciertos jueces, pero en otros, y en según qué asuntos que impliquen a según qué personas, esa “independencia” es un insulto para todos los ciudadanos de bien de este país.