Pamplona, 31 oct (EFE).- El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la modificación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda, que permitirá al Gobierno foral limitar los precios de la vivienda en zonas consideradas como mercado residencial tensionado.

La medida -aprobada con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y el rechazo de UPN, PP y Vox- busca aliviar la presión del mercado inmobiliario en áreas donde el acceso a viviendas asequibles, especialmente en régimen de alquiler, se ha vuelto casi imposible.

La propuesta introduce el concepto de "Zona de Mercado Residencial Tensionado", permitiendo que el Gobierno de Navarra identifique y declare ciertas áreas como tales, basándose en un análisis exhaustivo del mercado inmobiliario y la capacidad económica de los residentes.

Las áreas podrán declararse tensionadas si se comprueba que el costo de la vivienda (hipoteca o alquiler) supera el 30% de los ingresos medios o si los precios de la vivienda han subido al menos tres puntos por encima del Índice de Precios al Consumo de Navarra en los últimos cinco años.

La declaración debe pasar por un proceso de recopilación de datos, análisis público y período de alegaciones y se presentarán estudios detallados sobre la demografía, precios, tipo de vivienda y otros factores para fundamentar la decisión.

Tras tomarla, el Gobierno de Navarra aprobará un plan específico para resolver los desequilibrios, que puede incluir medidas de intervención en el mercado, y promoverá la colaboración con los ayuntamientos afectados.

La declaración tendrá una duración inicial de tres años, con la posibilidad de prórrogas anuales si se mantiene la situación de desequilibrio.

Aquellos municipios que no hayan sido declarados como zona tensionada también podrán solicitar el inicio de un análisis similar si cumplen ciertos requisitos.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha defendido que el cambio legislativo “es la respuesta a un clamor político y social" y ha subrayado que “el mercado no se regula solo” además de que “ninguna medida es la panacea”, por lo que “es necesario desplegar todas las medidas y herramientas posibles”.

El socialista Kevin Lucero ha lamentado que “el acceso a la vivienda se ha convertido en una tarea cada vez más ardua para muchos ciudadanos, especialmente para la gente joven” y ha considerado que “la situación exige acción inmediata”.

“No podemos permitiros una política de brazos cruzados”, ha afirmado.

Desde EH Bildu, Mikel Zabaleta ha criticado que el acceso a la vivienda esté condicionado por el mercado, ya que “mientras no se intervenga el mercado, será este quien decida por todos nosotros”, y ha defendido el papel de las entidades locales como parte de la solución.

Por su parte, María Solana (Geroa Bai) ha señalado que esta modificación “busca corregir una situación crítica generada por las políticas de UPN”. El problema "es de tal calado, el fondo al que nos llevaron es tan hondo, que se van a requerir años, décadas, para darle la vuelta”, ha clamado

Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, ha denunciado que los grupos hayan presentado una ley redactada por el Departamento de Vivienda de “forma tramposa y apresurada” para “burlar todas las garantías que exige un proyecto de ley” y ha criticado que “han optado por hacer lo más fácil y lo más ineficiente”.

Por el PP, Maribel García Malo ha apuntado que “la falta de vivienda asequible se ha convertido en un problema grave; no lo era, se ha convertido” como resultado de “diez años de políticas equivocadas de los partidos autodenominados progresistas”, que “hoy dan un paso más por la puerta de atrás".

Finalmente, Emilio Jiménez (Vox) ha destacado que “el acceso a la vivienda se ha convertido en un camino lleno de obstáculos como la subida de impuestos, regulaciones, connivencia con movimientos de okupación ilegal, inseguridad jurídica, criminalización de los propietarios y especulación de las administraciones”.