Barcelona, 1 feb (EFE).- Casi un año después de que entrara en vigor en Cataluña el índice de precios de referencia que busca frenar los alquileres abusivos, el Govern ha aprobado un régimen sancionador para impulsar su aplicación, un paso muy reclamado por las entidades de defensa de la vivienda y que ha enervado al sector inmobiliario.

Cataluña se convirtió el 15 de marzo de 2024 en la primera comunidad autónoma (y la única hasta ahora) en poner en marcha este índice, la medida estrella de la Ley por el Derecho a la Vivienda para frenar la escalada del precio del alquiler que dificulta la vida de muchas familias.

El control de rentas se aplicó en una primera etapa al área de Barcelona y las capitales de provincia o comarca, zona que se amplió el pasado octubre hasta abarcar a 271 municipios, donde vive el 90 % de la población.

El tope del alquiler afecta básicamente a los grandes tenedores (aquellos que poseen más de 5 viviendas) y a los nuevos contratos de pisos que hayan estado sin alquilar los últimos cinco años. Los propietarios que se lo salten pueden recibir a partir de ahora multas de hasta 900.000 euros.

 

El sector inmobiliario, en pie de guerra

Desde su irrupción, el índice no ha dejado indiferente a nadie y ha provocado la oposición frontal del sector inmobiliario, que ha advertido una y otra vez que provocará la retirada masiva de pisos del mercado del alquiler, lo que hará que suban aún más los precios.

El portal inmobiliario idealista criticó, por ejemplo, que el índice de referencia da unos precios un tercio más bajos que los del mercado, situándolos en valores de 2017; mientras que los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña situaban la diferencia en el 20 % de media.

En este contexto, la llegada de las sanciones ha marcado el inicio de un segundo asalto en este particular pulso entre la Generalitat y el sector inmobiliario.

La Asociación de Propietarios de Cataluña ha tildado las multas de "desproporcionadas" y ha reprochado al Govern que esté más interesado "en el titular", que en buscar "soluciones sólidas que faciliten que se pongan más pisos de alquiler en el mercado".

"Sancionar a los propietarios solo agravará el problema del acceso a la vivienda", considera esta entidad, que agrupa a unos 300 pequeños y medianos propietarios de Cataluña que alquilan inmuebles.

Tanto esta asociación como la API han asegurado que el régimen sancionador no hace más que "criminalizar" a los pequeños y medianos propietarios.

El portavoz de los API, Carles Sala, ha alertado de que las multas provocarán además un aumento del alquiler de habitaciones, ya que "desincentivará" tanto el arriendo habitual como el de temporada al "espantar" a los pequeños propietarios.

"Las multas son desproporcionadas. Superan las rentas de 6 o 7 años de muchos alquileres e incluso el importe de compra de pisos", sostiene.

Por su parte, la patronal catalana de los constructores, APCE, se ha mostrado crítica con la política de vivienda tanto de Cataluña como del Estado, y su presidente, Xavier Vilajoana, ha instado a las administraciones y a los partidos a "dejar de pensar en votos" para avanzar en la solución del acceso a la vivienda, que está convencido pasa por construir más vivienda.

 

El Sindicat de Llogateres reclama inspectores

Por su parte, el Sindicat de Llogateres saludó la llegada del índice, pero reprochó a la Generalitat la falta de una campaña potente de información para divulgar su existencia y de un régimen sancionador que garantizara su aplicación y persiguiera a los que se lo salten.

Una vez aprobadas las sanciones, esta entidad insta ahora al Govern a acelerar la contratación de inspectores para "controlar de forma efectiva los incumplimientos en el precio máximo del alquiler".

También ha reclamado que "se acabe con el problema del alquiler de temporada", al considerar que sigue habiendo incentivos para usarlo de forma masiva y saltarse la regulación de precios.

 

Las sanciones más graves

El régimen sancionador, pactado por el ejecutivo de Salvador Illa y los Comuns, contempla tipificar en la ley de vivienda de 2007 tres nuevas sanciones como "muy graves", es decir, con multas de entre 90.001 y 900.000 euros.

Se trata de los siguientes supuestos: fijar un precio del alquiler de una determinada vivienda más de un 30 % por encima del marcado por el índice de referencia; por no hacer constar la finalidad del arrendamiento en el contrato, o hacerlo de forma fraudulenta; y por cargar los gastos de gestión del contrato al inquilino, en vez de al propietario.

Otros dos incumplimientos tipificados como "graves", esto es, sancionables con entre 9.001 y 90.000 euros son: fijar la renta por encima de los previsto en el índice, siempre que el aumento no supere el 30 %; y no hacer constar en el contrato o en la oferta el tope o el importe del contrato anterior.

 

Balance provisional del índice

En un primer balance de la aplicación del índice de referencia, el precio del alquiler en Cataluña bajó entre el 3 % y el 5 % en términos interanuales en el primer semestre de 2024, aunque en paralelo se produjo una caída de los contratos, según los datos de la Generalitat.

En la ciudad de Barcelona, el epicentro de las subidas, el precio medio de los nuevos alquileres bajó un 5,2 %, unos 60 euros, entre el primer trimestre de 2024 (1.193,4 euros) y el segundo (1.131,8).

Los portales inmobiliarios cuestionan estas cifras y aseguran que las rentas han continuado creciendo en Barcelona mientras advierten de la retirada de viviendas del mercado del alquiler.