Madrid, 20 feb (EFECOM).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado este jueves que la nueva empresa pública de vivienda y suelo licitará en este primer trimestre más de 1.600 casas públicas con protección permanente.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Rodríguez ha indicado que estas viviendas se ubican en comunidades como Valencia, Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias, Andalucía o Castilla-La Mancha para generar nuevos barrios, y que muchas se levantarán en suelos cedidos por el Ministerio de Defensa.

Fuentes del ministerio han precisado el desglose de las 1.626 licitaciones, que alcanzan las 406 viviendas en Baleares; 336 en la Comunidad Valenciana; 196 en Extremadura; 182 en Melilla; 147 en Castilla y León, y 105 en Castilla-La Mancha.

Por debajo de cien se sitúan Ceuta (90); Andalucía (50); Canarias (48); Galicia y Murcia (23 en cada caso) y Cataluña (20).

La empresa pública de vivienda y suelo tiene muchas promociones en marcha en ciudades como Madrid (10.600), Málaga (1.362), Sevilla (853) y Valencia (903).

Por otro lado, ha avanzado que en los próximos meses estará lista la creación del sistema público de garantías que protegerá a inquilinos y propietarios, medida que forma parte de la docena de iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Rodríguez ha subrayado que el Gobierno está ya trabajando en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que verá aumentado el programa de ayudas, que tendrá especial atención a los jóvenes y que este jueves sale a consulta pública previa.

Además, ha anunciado que la próxima semana se reunirá con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de lograr un gran acuerdo y avanzar en fórmulas para agilizar las licencias y conseguir los permisos lo antes posible.

La Ley del Suelo, en manos de los grupos políticos

Rodríguez ha celebrado que la próxima semana, posiblemente el martes, se tome en consideración en el Congreso la reforma de la Ley del Suelo, que considera necesaria, urgente y buena desde el punto de vista técnico.

La ministra espera que la ley, que inicialmente se tuvo que retirar ante la falta de apoyos y que ahora lideran el PSOE y el PNV, reciba el visto bueno y sea una realidad cuanto antes.

La titular de Vivienda ha asegurado que ella asumió su responsabilidad sin medir los tiempos electorales entregando una ley "magnífica" que beneficia a los ayuntamientos y a las comunidades -en su mayoría del PP-.

Sobre si cuenta con los apoyos necesarios, ha afirmado que el ministerio ya no va a interferir en los acuerdos, que todo está en manos de los grupos políticos y se ha preguntado si el PP está dispuesto a seguir boicoteándola.

4.000 contratos de alquiler de corta duración en la nueva ventanilla

Respecto a la ventanilla única para los alquileres de corta duración, ha indicado que ya se han superado los 4.000 registros de viviendas 100 % legales. Ha insistido en que esta plataforma, que entró en vigor a comienzos de año, está funcionando, garantiza la transparencia, mejora la gestión y evita el fraude.

Rodríguez ha avanzado que se hará una campaña recordatoria y que, para evitar problemas a comienzo de verano -deberá ser efectiva el 1 de julio-, se estableció un periodo de seis meses.

Hace falta menos Airbnb y más vivienda

La ministra ha añadido que hay un gran consenso social para prohibir, limitar o regular los alojamientos turísticos, que son una actividad económica y que afectan al acceso a una vivienda digna y asequible.

"Hace falta menos Airbnb y más vivienda", ha manifestado la ministra, que cree que en las zonas donde más afecta hay que prohibirlos "sin ninguna duda".

Respecto a la 'okupación' y la 'inquiokupación', entiende que hay un afán partidista de polarización y de miedo para generar alarma social cuando, en su opinión, no es el foco del problema, que es de acceso.

Ante las peticiones de sus socios de ilegalizar empresas 'antiokupación', cree que lo tendrían que analizar los ministerios de Justicia e Interior.

Rodríguez ha señalado que el parque de vivienda social ha pasado del 2,5 % al 3,4 % y que en los últimos cinco años se han incorporado 162.000 viviendas protegidas, el 35 % más.

Además, ha defendido la Ley de Vivienda y ha destacado que, tras Cataluña y País Vasco, Galicia, Canarias o Asturias contemplan también las zonas tensionadas.

La ministra ha insistido en lograr una alianza de país para resolver el problema de la vivienda o al menos una "tregua de Estado" con el PP.