La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 que obliga, desde comienzos de diciembre, al registro de datos personales a la hora de hospedarse en un hotel o alquilar un vehículo al viajar ha generado importantes debates sobre la privacidad. Desde su puesta en marcha previa en 2022, esta normativa ha permitido localizar a 18.584 personas investigadas judicial o policialmente, apenas el 0,018% del total de los 102,7 millones de personas que se alojaron en nuestro país el pasado año, según datos del INE.
Esto implica que el 99,98% de los viajeros, sin relación con actividades ilícitas, están, según Lazarus Technology, proveedor global de ciberseguridad, sujetos a la recogida obligatoria de hasta 42 datos personales, incluyendo información sensible como métodos de pago.
Este gap entre la ingente cantidad de datos recopilados a los viajeros y los escasos casos de actividades ilícitas detectados evidencia cómo la “acumulación indiscriminada” de datos personales no es una estrategia de seguridad efectiva para combatir la actividad terrorista o el crimen organizado, sino una brecha de seguridad esperando ser explotada por los ciberdelincuentes.
Y buena prueba de ello es cómo en los últimos dos años, el sector hotelero ha experimentado un incremento del 70% en intentos de ataques a nivel global, según informes recientes. Esta cifra evidencia la vulnerabilidad de la industria frente a amenazas digitales que buscan explotar los datos recopilados, no sólo para el robo de identidad, sino también para fraudes más sofisticados.
A modo de contexto, según el Informe Anual de Cibercrimen de la Oficina Europea de Policía (Europol) 2023, los delitos de robo de identidad y fraude han aumentado un 15% en el último año. Y, de manera más preocupante, en países como Estados Unidos este tipo de delitos ha experimentado un alarmante crecimiento del 157%.
A nivel nacional, el robo de identidad y el fraude también representan un impacto significativo en términos económicos y sociales. Según la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), el 66% de las empresas de nuestro país reportaron un aumento en los casos consumados de fraude en 2024 y más de la mitad asegura que les ha generado más pérdidas que el año anterior. Además, un 7% de los internautas españoles ha sido víctima de robo de identidad en los últimos tres años, lo que subraya la creciente amenaza que supone la exposición masiva de datos.
Según Manuel Huerta, CEO de Lazarus Technology, “Es necesario replantear si exponer a millones de ciudadanos es razonable cuando el impacto real es tan limitado. No hablamos sólo de garantizar la seguridad ciudadana; hablamos de proteger derechos fundamentales”.
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