La solución al problema de las mutualidades que afecta a miles de abogados y abogadas está ya en manos del legislador, a quien el Pleno del Consejo General de la Abogacía vuelve a instar, una vez más, para que ofrezca una solución constitucional urgente y completa.

Los miembros del Consejo contemplan con cierta preocupación el ritmo pausado con el que la política en general y los legisladores en particular están abordando la cuestión de las pensiones que corresponden a los mutualistas. Cada semana, cada mes, cientos de compañeros se ven obligados a posponer su jubilación ante las incertidumbres de una respuesta que se anuncia, pero cuya consecución sigue sin tener una fecha clara.

Si bien es cierto que va calando en los partidos políticos el mensaje de que la reclamación de los mutualistas pertenece al ámbito de los derechos constitucionales, el diálogo entre los grupos parlamentarios, los afectados y el mundo colegial se ha circunscrito en lo que llevamos de 2025 a las iniciativas promovidas desde el Consejo General.

Desde el pasado verano, la Abogacía ha impulsado el diálogo entre las diferentes asociaciones y movimientos de afectados, ha reclamado ante la administración una mirada ceñida al ámbito del derecho constitucional, ha llevado la reclamación al Parlamento Europeo y al seno de las abogacías del continente y, más recientemente, ha convocado a los grupos parlamentarios para que ofreciesen su postura ante la proposición de ley ya registrada.

Aunque ahora es a ellos, a los partidos políticos, a quienes corresponde dar nuevos pasos adelante, el Consejo de la Abogacía seguirá trabajando para concienciar a la sociedad sobre la gravedad de la situación y reivindicando para que la respuesta llegue lo antes posible.