La reciente sentencia del Juzgado de lo Social Nº14 de Sevilla (SJSO 18/2024) refuerza los derechos de los empleados públicos afectados por ceses derivados de procesos selectivos y situaciones de temporalidad fraudulenta. En este caso, una trabajadora interina cesada tras 14 años de servicio, en virtud de diversos contratos temporales concatenados, ha recibido una indemnización de 30.535,48 €, al considerarse que su contratación prolongada vulneró sus derechos laborales.
Este fallo, alineado con la jurisprudencia europea y otros pronunciamientos en España, como los de los tribunales superiores de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco, destaca la importancia de garantizar compensaciones justas para miles de empleados públicos en Andalucía, especialmente tras la estabilización de más de 45.000 plazas en sectores clave.
Los planes de estabilización desarrollados bajo la Ley 20/2021 han permitido regularizar miles de puestos en Andalucía:
• Más de 18.000 plazas en sanidad, reduciendo significativamente la interinidad en hospitales y centros de salud.
• Cerca de 15.000 plazas en educación, otorgando estabilidad a docentes en colegios e institutos.
• Más de 8.000 plazas en la administración general de la Junta de Andalucía.
• Miles de plazas adicionales en ayuntamientos como Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz.
Aunque estas cifras reflejan un avance hacia la mejora de las bases estructurales de personal de las Administraciones Públicas, los procesos han generado conflictos legales, particularmente entre quienes fueron cesados tras la cobertura definitiva de sus plazas, quienes consolidaron su plaza tras años de interinidad y quienes permanecen en situación de temporalidad.
Sentencia de Sevilla: una muestra del impacto legal
El caso juzgado en Sevilla pone de manifiesto el derecho a reclamar indemnizaciones en situaciones de abuso de temporalidad. La trabajadora cesada había ocupado una plaza en virtud de contrato de interinidad por vacante durantesu puesto durante 14 años mediante contratos temporales sucesivos, hasta perderlo tras un proceso selectivo. El tribunal calificó este cese como improcedente, otorgándole una indemnización acorde con los principios de proporcionalidad y justicia establecidos por la doctrina comunitariados en el Estatuto de los Trabajadores..
Este fallo es una muestra del creciente reconocimiento judicial de hacia los derechos de los empleados públicos frente al abuso de temporalidad, un problema sobre el que también se han pronunciado los Tribunales qdeue también se ha tratado en otras comunidades autónomas:.
• Madrid: El TSJM concedió una indemnización superior a una trabajadora cesada tras un proceso de estabilización, declarando insuficientes los 20 días por año trabajado según los criterios del TJUE.
• Castilla y León: El TSJ reconoció el derecho a indemnización para tres trabajadoras interinas cesadas por la cobertura definitiva de sus plazas.
• Cataluña: Sentencias recientes han destacado el derecho de los empleados públicos a reclamar por abusos de temporalidad, incluso en procesos de estabilización.
• País Vasco: El TSJ declaró fija a una trabajadora tras considerar insuficientes las medidas que contempla la normativa de nuestro paísdisuasorias frente al abuso de temporalidad.
El respaldo del TJUE: una jurisprudencia sólida
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido clave en estos casos. En su sentencia de 13 de junio de 2024, el TJUE subrayó que las indemnizaciones deben ser proporcionales y disuasorias para prevenir el abuso de temporalidad, y declaró la insuficiencia de la compensación criticóde las medidas insuficientes como los 20 días por año de servicio con el límite de doce mensualidadestrabajado.
Asimismo, cabe recordar que a partir de la publicación de la sentencia que reconoce este derecho, los afectados cuentan con un plazo de un año para iniciar su reclamación. Este plazo representa una oportunidad única para que los empleados públicos actúen y reclamen las indemnizaciones que les corresponden.
En Unive Abogados, consideran que la reciente sentencia de Sevilla, junto con otras resoluciones nacionales y europeas, refuerza el derecho de miles de empleados públicos a reclamar indemnizaciones económicas, ya sea tras haber que hayan consolidado su plaza tras años de interinidadd, sigan en situación de temporalidad interinidad o hayan sido cesados tras los procesos de estabilización”.
Es crucial que los empleados públicos afectados evalúen cuidadosamente su situación ya que estas sentencias reconocen el derecho a una indemnización por abuso de temporalidad. Ante ello, se recomienda actuar con celeridad para iniciar las reclamaciones dentro del plazo legal establecido, garantizando así la protección de sus derechos.
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