Se dice vulgarmente que “de aquellos barros estos lodos” simplificando lo que vendría a ser la relación causa – efecto de un suceso. Y lo cierto es que la abogacía no ha llegado a situarse en esta encrucijada histórica por su supervivencia por causa del azar, el destino o la providencia, sino por la intervención de sus profesionales, quienes no hemos sabido ponderar los intereses particulares y colectivos adecuadamente, como revelan los 4 factores que se exponen a continuación:

Universidad

No es un secreto que el papel de la Universidad en la economía y sociedad española se encuentra en permanente discusión y en el ámbito jurídico no está exento de polémica.

Se conoce que para matricularse en el ahora Grado en Derecho no se aplica una nota de corte superior al aprobado, ello provoca un efecto llamada para multitud de jóvenes sin vocación que se adentran en la disciplina bajo el pretexto de las múltiples salidas a las que da acceso. Esta circunstancia ha permitido la masificación de las clases y una pérdida abrumadora de la calidad en la enseñanza.

Además, abunda en ello que el núcleo del profesorado tenga en la actividad docente su principal y única experiencia, sin haber ejercido la profesión, dudando entre formar a los estudiantes para obtener el grado, prepararlos para afrontar una posterior oposición o desempeñar efectivamente la abogacía.

Por este motivo se ha implantado, recientemente, la obligatoriedad de realizar un Máster en Abogacía y una prueba de acceso, si bien el Máster corre el riesgo de convertirse en una prolongación tediosa y forzada de la Universidad que arroja al mundo laboral profesionales sin los conocimientos necesarios a0 nivel procesal, de manejo de clientes, e incluso financieros, básicos para tener éxito.

Falta de respeto institucional

El descredito institucional es incuestionable. Profesionales de la abogacía prestan sus servicios dentro del Turno de Oficio 24 horas al día, 365 días al año, a cambio de unos honorarios o retribución ignominiosa e impuntual que impide un desarrollo profesional, y hasta personal, satisfactorio.

El poder adquisitivo de un Abogado del Turno de Oficio ha ido descendiendo paulatinamente hasta cobrar unos 130€ por caso a razón de unos 2€ la hora, aproximadamente. Casos que a nivel privado supondrían una media de 800€.

Esta rebaja, arbitraria y unilateral a cargo de las instituciones, ha contribuido a confundir al resto de ciudadanos, que, cuando acuden al Letrado privado dan carta de naturaleza a esos costes lamentables por expediente, pagando las minutas a regañadientes, con un claro sentimiento de “atraco”.

No existe esa sensación cuando un ciudadano acude a otros profesionales, a pasar consulta médica, tampoco cobra un cirujano 130€ por una operación, ni en la sanidad pública.

Inseguridad judicial

Quizá no es el factor más grave, pero sin duda tiene su influencia en la abogacía.

Son muchos los foros, grupos de Facebook, asociaciones, en las que los compañeros compartimos inquietudes y experiencias. En ellos son habituales los comentarios sobre malas experiencias judiciales. Faltas de respeto, retrasos injustificados, obligación o no de vestir toga, actuaciones que en la práctica no se ajustan a la Ley por comodidad o costumbre de tal o cual oficina judicial, incertidumbre sobre la duración del procedimiento y cumplimiento de plazos para el dictado de la Sentencia, nos obligan a concluir que los Juzgados están más próximos a los reinos de taifas de lo que se pudiera desear.

El ciudadano que acude solicitando la intervención letrada para la defensa de sus derechos no entiende los largos silencios informativos que mantenemos simple y llanamente porque el juzgado no ha evacuado su actuación o señalado fecha para la declaración, vista o juicio, agravando su desasosiego.

Libertad de precios

Y finalmente, la libertad de precios en la prestación de servicios legales, así como la libre competencia, mal considerados, han culminado en la falta de criterio para los profesionales a la hora de determinar sus honorarios.

Las estrategias comerciales son absolutamente dispares. Despachos grandes, medianos y pequeños lanzan osadas campañas de marketing prometiendo el vencimiento del caso o asegurando no repercutir coste alguno en el ciudadano, ni siquiera siendo condenados en costas.

Así, las grandes firmas hacen valer su poderío económico permitiéndose esperar años las resoluciones judiciales para el cobro de sus servicios, mientras que los más pequeños facturan “a pérdidas” con la esperanza de darse a conocer y que en el futuro el cliente satisfecho vuelva o les recomiende para otro caso.

Tanto unos como otros están haciendo flaco favor a sus compañeros dificultando cada vez más la fijación de unos honorarios justos y proporcionados no sólo con el servicio prestado, sino con la formación recibida, el pago de gastos colegiación, mutua, despacho, etc., sin los cuales la actividad no sería posible.

 

En definitiva, estas son algunas contingencias, entre otras muchas, que la abogacía y la Administración de Justicia deberían revisar con urgencia para la modernización de una profesión en crisis al borde de la huelga general.