La última propuesta que ha lanzado Junts no es otra que incentivar a las empresas que en du día salieron de Cataluña y multar a las que no vuelvan.

Esta clara que el mundo político vive en una falta de respeto a la legalidad y las normas, en especial a las europeas, donde está consagrado desde nuestra adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea el principio de libre circulación de personas y el derecho de establecimiento, que implica, entre otras cosas, el derecho de cualquier empresa en establecerse en cualquier territorio de la Unión.

Si que es cierto que podríamos llegar a aquello de que esta restricción a la libre circulación y al derecho de establecimiento pueda incluso ser considerado como “un asunto puramente interno” por la Comisión Europea si esta medida afecta a empresas estrictamente españolas. Aquello de que si un Estado Miembro quiere discriminar a sus propias empresas sin perjudicar a las del resto de las europeas podría considerarse un asunto interno.

Así que lo que podría terminar pasando para que se activara el derecho de la Unión es que las más de ocho mil empresas que salieron de Cataluña decidieran cambiar su sede social a otro Estado miembro, por lo que la medida de multar a las empresas sería contraría al derecho de la Unión.

Paradoja que llevaría a una descapitalización de un importante sector empresarial español en favor de tercero países comunitarios y una medida con efecto boomerang para el Gobierno de progreso.

Todo esto con la mirada escéptica del resto de Europa, que seguramente, nos vea como un país mas bananero que europeo.

¿Alguna idea brillante más? Pasen por caja.