Luxemburgo, 28 ene (EFE).- La Comisión Europea y Google se enfrentaron este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una audiencia en la que la multinacional pidió que se anule la que es la mayor multa de la historia del bloque, de más de 4.000 millones de euros, por abuso de posición dominante con Android.

La sentencia definitiva tardará todavía meses en ser emitida por la Sala Segunda de la Corte, compuesta por los cinco jueces que hoy han escuchado a todas las partes personadas en el asunto. Antes del fallo se conocerán las conclusiones no vinculantes que la abogada general del TJUE Juliane Kokott prevé publicar el 12 de junio.

La tecnológica negó durante una audiencia de siete horas que su modelo de negocio restringiese la competencia en el mercado de servicios de búsqueda, como afirma el Ejecutivo comunitario, y subrayó que, al contrario, benefició a fabricantes de dispositivos móviles a los que ofreció "más libertad y oportunidades".

Google se vio arropada por varias entidades que en teoría saldrían perjudicadas por su modelo de negocio, como los fabricantes finlandés HMD y alemán Gigaset y el navegador de origen noruego Opera, además de por la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA, en inglés).

Por contra, los abogados de la Comisión Europea sostuvieron que los contratos entre la multinacional y dichos fabricantes contenían cláusulas abusivas que la tecnológica desplegó para afianzar su "ventaja competitiva" en un mercado en el que se empezaba a ver amenazada.

Bruselas tiene el apoyo de la asociación europea de consumidores (BEUC), las asociaciones alemanas de editores de periódicos y revistas BDVZ y VDZ, la organización Fair Search y los motores de búsqueda francés, Qwant, y checo, Seznam.

Esta batalla judicial, la primera desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, está marcada por la participación protagonista de abogados españoles: Alfonso Lamadrid (Garrigues) lideró el equipo de nueve abogados de Google y Fernando Castillo y Carlos Urraca expusieron los argumentos de la Comisión.

Acuerdos "abusivos"

El núcleo del caso reside en los llamados "acuerdos de distribución" entre la tecnológica estadounidense y fabricantes de dispositivos móviles, en virtud de los cuales los segundos debían preinstalar Google Search y Chrome para obtener una licencia de explotación de la tienda de aplicaciones Play Store.

Estas cláusulas tienen una relación estrecha con otros acuerdos "contra la fragmentación" que Google también incluía en los contratos y que condicionaban las licencias de Google Search y Play Store a que los fabricantes se abstuvieran de vender teléfonos equipados con versiones alternativas no autorizadas de Android.

El tercer elemento dentro del caso son los "acuerdos de reparto de ingresos", según los cuales los fabricantes renunciaban a preinstalar en sus dispositivos motores de búsqueda de la competencia a cambio de la retrocesión de una parte de los ingresos publicitarios de Google.

La Comisión Europea concluyó en el verano de 2018 y defendió este martes que estos acuerdos son "abusivos" y, por tanto, ilegales, puesto que restringían la competencia dentro del mercado único y mermaban e incluso eliminaban la capacidad de otras empresas de competir contra Google.

Palo y zanahoria

La compañía estadounidense desplegó una estrategia de "palo y zanahoria" hacia los fabricantes de teléfonos con el objetivo de "mantener su dominio" en el sector de los servicios de búsqueda en un contexto en el que la compañía llegó a ver amenazada su posición de liderazgo, según defendieron los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario.

Frente a esto, Google niega el carácter anticompetitivo de su modelo, ve "errores graves" en el análisis de Bruselas y en el fallo de primera instancia de la Corte europea y argumenta que el sistema libre y gratuito que representa Android "impulsó" la competencia y no excluyó ni impidió el crecimiento de sus rivales.

"Estos acuerdos y condiciones no restringían la competencia, la impulsaban", enfatizó el abogado Lamadrid, quien también afirmó que la multa "castigó" a Google por "su superioridad, atractivo e innovación".

Con respecto al montante de la sanción, la tecnológica defendió que debería ser reducida "al menos un tercio" en caso de que el tribunal no acepte su petición de anulación. La multa original impuesta por Bruselas ascendía a 4.343 millones pero el tribunal de primera instancia la rebajó a 4.125 millones.

Por ahora, la Justicia europea ha confirmado la multa de 2.424 millones por favorecer a Google Shopping, pero ha anulado en primera instancia otra de 1.490 millones de euros por abusos con su plataforma de publicidad AdSense.