El reciente preacuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya (en adelante, ERC) y el Partido de los Socialistas de Cataluña (en adelante, PSC) para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat introduce un cambio significativo en el modelo de financiación autonómica de Cataluña, proponiendo un concierto económico similar al de País Vasco y Navarra. Aunque este acuerdo ha sido presentado como un logro político, merece un análisis crítico a la luz de sus implicaciones jurídicas y económicas, especialmente en lo que respecta a la cohesión territorial y la solidaridad financiera entre las Comunidades Autónomas.

Debe tenerse presente que la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, afirma que las Comunidades Autónomas pueden regular su hacienda para alcanzar la autonomía política, pero siempre dentro de los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles, conforme al artículo 156.1 de la Constitución Española. Estos principios son fundamentales para evitar desigualdades y garantizar que todas las regiones dispongan de recursos suficientes para proporcionar servicios públicos adecuados.

La propuesta de un concierto económico para Cataluña debe ser evaluada bajo la perspectiva de la suficiencia financiera y la equidad. A tenor del artículo 157.1 de la Constitución, las Comunidades Autónomas dependen en gran medida de impuestos cedidos por el Estado y de otras participaciones en los ingresos estatales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reiterado que las decisiones sobre financiación autonómica deben adoptarse de manera general y homogénea, evitando así que una Comunidad Autónoma tome decisiones unilaterales que perjudiquen al conjunto del sistema. Resoluciones como las Sentencias del Tribunal Constitucional 104/1988 y 14/2004 subrayan la necesidad de adoptar estas decisiones en un marco multilateral.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano adecuado para coordinar y cooperar en materia de financiación autonómica. Sin embargo, el preacuerdo entre ERC y PSC parece ignorar la importancia de este órgano multilateral, promoviendo un modelo que podría debilitar la cohesión y la solidaridad entre las Comunidades Autónomas. Las Comisiones Mixtas bilaterales pueden complementar, pero no sustituir, la función del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La competencia exclusiva del Estado para regular la financiación autonómica, establecida en los artículos 133.1, 149.1.14 y 157.3 de la Constitución, refuerza la necesidad de un enfoque coordinado y multilateral.

Hay que reseñar que el principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución Española, garantiza que todas las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos necesarios para ofrecer servicios públicos de calidad. La introducción de un concierto económico en Cataluña, sin el consenso adecuado y sin un marco multilateral, podría comprometer este principio. El nuevo modelo propuesto por ERC y PSC podría reducir los recursos disponibles para el sostenimiento de los servicios en aquellas Comunidades Autónomas con menos medios económicos, incrementando las desigualdades regionales.

Además, no hay garantías de que el concierto económico propuesto para Cataluña asegure mayores y mejores servicios para los residentes en la región. La experiencia del País Vasco y Navarra no puede extrapolarse directamente a Cataluña sin considerar las diferencias económicas, sociales y políticas. La implementación de este modelo podría generar tensiones adicionales y desajustes financieros que no necesariamente redundarían en una mejora de los servicios públicos para los catalanes.

Cabe inferir de todo lo anterior que el preacuerdo entre ERC y PSC para fijar un concierto económico en Cataluña plantea serios desafíos legales y económicos. Aunque busca una mayor autonomía financiera para la región, podría debilitar la cohesión y la solidaridad entre las Comunidades Autónomas y comprometer los principios constitucionales de equidad y coordinación. Es esencial que cualquier modificación del sistema de financiación autonómica sea consensuada en un marco multilateral que garantice la justicia y la igualdad entre todas las regiones de España.