La Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) señala la importancia de que el nuevo registro de viajeros, cuya entrada en vigor se ha aplazado al 2 de diciembre, se implemente en plena conformidad con la normativa de protección de datos vigente en la Unión Europea y España.

El Ministerio del Interior, en el ejercicio de sus competencias y con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, debe garantizar que cualquier medida que implique el tratamiento de datos personales respete los principios de necesidad y proporcionalidad, tal como establece el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En este sentido, APEP subraya la importancia de realizar un estudio detallado sobre la proporcionalidad de los datos recabados, asegurando que solo se recojan aquellos estrictamente necesarios para los fines previstos.

“Cualquier nueva normativa debe ponderar los derechos fundamentales e intereses legítimos que estén en juego, en este caso, la seguridad y la protección de datos, lo que conlleva evaluar cuidadosamente el impacto que el tratamiento de datos personales o la ausencia de los mismos puede tener sobre los derechos fundamentales implicados”, afirma Marcos Judel, presidente de APEP. En este sentido, recuerdan desde APEP que es esencial que una medida de esta magnitud esté precedida por una evaluación de impacto en la privacidad (EIPD) y cuente con la supervisión del delegado de protección de datos para garantizar su correcto enfoque.

Judel también destaca la importancia de que “el proceso sea transparente para los ciudadanos, proporcionando la información adecuada sobre qué datos se recogen, con qué finalidad y cómo serán protegidos”. Además, en este tipo de medidas, que implican el tratamiento masivo de datos y su comunicación a otros organismos públicos, la consulta y colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es esencial para asegurar el cumplimiento del marco normativo y garantizar que la recogida de datos se realice de acuerdo con la legislación vigente.

APEP, que agrupa a los profesionales de la privacidad y delegados de protección de datos en España, enfatiza que cualquier normativa en esta materia debe garantizar la correcta ponderación de los derechos fundamentales de los ciudadanos en juego y ajustarse plenamente al marco legal vigente, lo que permitirá mantener un equilibrio adecuado entre la seguridad y la privacidad en el uso de los datos personales.