Que el nacionalismo catalán era un problema de estado, salvo los que tenían que darse por enterados y actuar, parece que no se le escapaba a nadie. Aquellos responsables que se instalan en el ver la vida pasar sin inmutarse, llega un momento en el que tienen que tomar decisiones a todas luces equivocadas que a lo único que contribuyen es a dividir aún más a una sociedad ya de por sí posicionada en bandos. Y es así que, a falta de estadistas de un lado y de otro, vamos observando ofuscados cómo lo que en principio era un problema solucionable a base de diálogo, diplomacia y entendimiento, se convierte en una bomba de relojería que está empezando a minar el tejido social y económico del estado, ¡menuda una gracia porque esto lo vamos a acabar pagando todos!, debido a la ausencia de política.

Decía en anterior post, porque los míos tratan de lo que van y no estamos para hacer política precisamente, que el estado dispone de medios de reacción penal para afrontar desafíos nacionalistas. Sobre la base del derecho penal como última ratio, me refería obviamente a supuestos en los que el asunto adquiriera tintes violentos por parte de los insurrectos, - léase políticos nacionalistas y turba - que, al amparo de las directrices de los primeros, delinquieran, es decir, en este caso, usaran la violencia para alcanzar sus objetivos, lo que no ha sido el caso. Solo para esos supuestos están tipificados en nuestro Código Penal los delitos de rebelión y sedición, por más que algunos se empeñen en ver lo contrario.

Lo otro, también era fácilmente solucionable desde el punto de vista penal si acudimos a los tipos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en fase primigenia, es decir, cuando se convoca esta especie de referéndum consultivo por iniciativa del Parlament. Lo cual no hubiera sido nuevo, porque, aunque en dicha ocasión no se sancionara “legalmente” mediante un Procés la consulta por la cámara catalana, ya se actuó así en la anterior del 9 de noviembre de 2014, si bien, asimismo, después de la votación. Pero sobre todo era vadeable mucho antes, prescindiendo del derecho penal y a través del diálogo, que es la vía lógica de solución política pacífica de los conflictos.

La llamada a las urnas

Puesto que aquí nadie estaba dispuesto a hacer política, es decir, dar su brazo a torcer, de una parte, sí, porque en ausencia de diálogo lo que se forman son bandos, se convoca una consulta prescindiendo de las más elementales garantías en las que son llamados a movilizarse y votar, esencialmente, los partidarios de la independencia. Y del otro bando, aparte de intentar dificultar al máximo desde el punto de vista burocrático la consulta, se despliega un fuerte dispositivo policial que trata de impedir la entrada de las papeletas en las urnas. El resultado de todo esto ya se conoce. Los políticos, como efecto de no querer trabajar, hacen descansar las consecuencias de su omisión en parte de un pueblo al que se le ha creado la expectativa ilusionante del voto y en las fuerzas de seguridad del estado a las que se obliga a actuar de forma coercitiva.

La reacción internacional ante esto es de lo más lógica. Simple estupefacción con la indicación, a ruego de los políticos de uno y otro bando que pretendían que les solucionasen el problema allende las fronteras, de que hagan política, dialoguen y se pongan de acuerdo.     

Las consecuencias

Simplemente nefastas. División cada vez más radicalizada que termina por escindir a la sociedad catalana en dos, con la correspondiente traducción de lo mismo en el resto del estado, expresiones irracionales de odio al contrario con reafirmaciones nacionales mediante el uso de banderitas y una economía que se resiente a pasos agigantados ante tal clima de inseguridad, lo que empieza a dar lugar al éxodo de empresas afuera de Cataluña. Mientras, los políticos siguen jugando con el diccionario, como críos en el patio de un colegio, apuntando las reacciones de uno y otro, que se traducirán en consecuencias negativas para todos nosotros, del primero al último.

Las reacciones penales, seguramente las veremos. Probablemente no servirán de nada. Pero la administración de justicia no tendrá otra que tramitarlas, estudiarlas, y cuando pase un largo tiempo por la falta de medios, ejecutar las eventuales responsabilidades.

Pero si no llegan al diálogo, se va a liar más parda aún.