Últimamente, ha cobrado actualidad el tema de la acusación popular. Tanto es así que muchas asociaciones jurídicas han incluido artículos sobre ella al imprimir la revista que publican. El gobierno está planteándose regularla y ello ha causado cierto revuelo entre los profesionales del derecho. Vamos a ver en qué consiste y cómo se ejerce.

¿En qué consiste la figura de la acusación popular?

La legislación española reconoce tres formas de personarse como acusación en un procedimiento judicial: el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la popular. Esta última es un derecho constitucional, pues está reconocida en el artículo 125 de nuestra Carta Magna.

En él se dice que cualquier ciudadano español puede personarse en un proceso judicial de tipo penal, aunque no le haya afectado directamente el delito que se juzga. Sin embargo, la acusación popular no puede obrar por interés propio, sino para defender la legalidad. Asimismo, en sentido más amplio, se incluye dentro del derecho a una tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 21 de la Constitución española.

¿Cuáles son los requisitos para presentarse como acusación popular?

En primer lugar, tanto personas físicas como jurídicas pueden ejercerla. De hecho, es más frecuente que lo hagan asociaciones e incluso partidos políticos. Pero la acusación popular no puede presentarse en todos los procedimientos judiciales.

Solo puede hacerlo en aquellos en los cuales se juzguen delitos perseguibles de oficio. No tiene derecho a presentarse en los de tipo privado. En otras palabras, la acusación popular solo puede personarse en las causas investigadas y judicializadas por las autoridades, sin que medie denuncia previa de la víctima.

Asimismo, para presentarse como acusación popular es necesario cumplir varias condiciones. No pueden hacerlo magistrados ni tampoco quienes hayan tenido una condena en firme por injurias y calumnias. Además, quien encarne este tipo de acusación, tendrá que identificar sin duda tanto al acusado como los hechos sobre los que le inculpa.

De no cumplir este último requisito, podría ser expulsada del proceso que se juzga. Sin embargo, esto es poco frecuente, pues quienes la ejercen son claros y precisos en sus denuncias.

¿Qué ventajas y desventajas presenta esta figura legal?

La acusación popular tiene una utilidad fundamental. Pensemos en un determinado proceso. Si, por alguna razón, la fiscalía decide no intervenir, puede seguirse con él gracias a la personación de aquella.

Sin embargo, también tiene inconvenientes. Las costas judiciales para ejercer la acusación popular son muy bajas y los trámites muy sencillos. Esto provoca que algunas asociaciones utilicen esta figura con objetivos políticos o de otro tipo.

En este sentido, y con carácter general, las costas procesales derivadas de la intervención de la acusación popular no recaen sobre ninguna de las partes. Esta exención tiene sentido. La acusación popular actúa sin verse afectada directamente por el delito en cuestión, lo hace en defensa de la legalidad. Por tanto, no sería justo que tuviera que pagar las costas.

Sin embargo, esta circunstancia ha sido matizada por varias doctrinas. De este modo, el principio de exención de esas costas solo se aplica cuando el Ministerio Fiscal se haya personado como acusación en el proceso. En caso contrario, el magistrado podrá imponer su pago a la acusación popular.

En conclusión, la acusación popular ha saltado a la actualidad con la reforma que, sobre ella, quiere realizar el gobierno. Es importante saber en qué consiste. Pero, si aún tenemos dudas, podemos buscar un despacho de abogados que nos las aclaren. No es nada difícil encontrarlos en cualquier guía jurídica. Algunos incluso se anuncian en los bolígrafos publicitarios de Helloprint.