Madrid, 31 ene (EFE).- Trece fiscales de Sala, la máxima categoría de la carrera, han pedido a Álvaro García Ortiz su "imprescindible" renuncia como fiscal general del Estado, tras los últimos hitos acontecidos en su causa, al destacar que su negativa a responder al magistrado "es impropia de un Estado Democrático de Derecho".

García Ortiz negó este miércoles en el Supremo que filtrara correos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y no respondió a las preguntas del instructor Ángel Hurtado al considerar nula la instrucción porque vulnera su derecho de defensa y entender que el juez está "predeterminado" para valorar los hechos.

Tras su declaración, un grupo de 13 fiscales de Sala ha remitido un escrito al fiscal general, al que ha tenido acceso EFE, en el que señalan que "se han producido hitos en la causa" que "hacen imprescindible" - por el bien de la Institución que dirige y de los miembros que la integran - "su renuncia a dicho cargo".

"La comparecencia del fiscal general del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho", dicen los 13 fiscales, un tercio de los 36 que forman la Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general.

Y añaden: "Puede hacerlo como investigado Álvaro García Ortiz nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la independencia de los Tribunales".

Además, subrayan que "el panorama se ve agravado por la insólita posición" en que se encuentra la fiscal María Ángeles Sánchez Conde que ven "contraria a la lógica procesal más elemental".

Sánchez Conde no hizo preguntas a García Ortiz en su declaración en el Supremo al no haberse resuelto sobre la nulidad del registro de su despacho, sobre la que pivota toda la instrucción, y al entender que participar en el interrogatorio hubiera sido validar la investigación.

La carta la firman Javier Zaragoza, Antonio Narvaez, Elvira Tejada, Consuelo Madrigal, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete, Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno, Manuel Moix y María José Segarra, que fue nombrada fiscal general por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Consideran que la imagen del Ministerio Fiscal que el fiscal general del Estado representa y la institución misma están siendo sometidas a una "tensión insoportable", ya que "el avance de la instrucción de la causa y sus hitos procesales superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal".

"Su permanencia al frente, al tiempo que viene siendo investigado por la Sala II del Tribunal Supremo, provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales", lamentan.

En esta tesitura, estos fiscales de Sala aseguran que no cabe otra decisión que la renuncia para así preservar a la institución porque "es necesario evitar la confusión entre la responsabilidad de la institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación."

Al respecto, dejan claro que "tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad" sino que "dejando intacta la presunción de inocencia" que ampara a García Ortiz, "le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la institución a la que se debe".