La escalada de la violencia juvenil en España, especialmente en islas como Tenerife, ha encendido las alarmas sociales. La Ley Orgánica 5/2000, diseñada para abordar la responsabilidad penal de los menores, busca un equilibrio entre la sanción y la reinserción. Sin embargo, la complejidad del problema exige un análisis profundo y soluciones multidisciplinares

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