• Según Felipe García, socio y abogado del despacho Círculo Legal, “las empresas tienen la responsabilidad de hacer frente al delito desde una doble perspectiva: la prevención y la investigación interna”, el compliance pone el foco en la persona investigada y en el procesos internos, pero no puede perderse de vista el control de la reputación, un error, puede tirar al traste la imagen de la compañía y por lo tanto, su valor.
• Para el abogado, “las investigaciones internas todavía adolecen de una normativa que destierre toda inseguridad jurídica”, advirtiendo de que “las organizaciones deben tener la seguridad de que, ante la sospecha de un delito, podrán actuar sin temor a que lo que descubran les perjudique”.

El nivel de confianza de los españoles en las instituciones varía en función del actor económico del que se trate. Según un estudio de la Fundación BBVA, las grandes empresas españolas se sitúan por encima de las multinacionales y la CEOE. Además, los empresarios son confiables en un grado medio, medio-alto, obteniendo una valoración favorable respecto a la ética y la competencia profesional.

Sin embargo, la comisión de delitos empresariales no es excepcional. Las instituciones públicas se han visto superadas en múltiples ocasiones, por eso ahora se sirven de las propias empresas para que estas colaboren de forma estrecha con el poder judicial. “Las empresas tienen la responsabilidad de hacer frente al delito desde una doble perspectiva: la prevención y la investigación interna”, indica Felipe García, socio y abogado del despacho Círculo Legal.  

De este modo, las corporaciones asumen el control sobre su reputación gracias a sus modelos de compliance. “Se trata de un paso adelante en la transparencia, un aspecto plenamente deseable en el entorno corporativo”, señala García, añadiendo que “este valor no está reñido con la confidencialidad, pues hay datos sensibles cuya protección debe darse por sentada”.

Capacidad de reacción

Para el abogado, “las investigaciones internas todavía adolecen de una normativa que destierre toda inseguridad jurídica, sobre todo, en lo que respecta a la obtención de prueba, su custodia, presentación y validación”. El acceso a cierta información puede generar recelo, por eso hay que desterrar todo atisbo de posible manipulación.

El denominado work product, que es el material recopilado durante la investigación, debe blindarse. “Las organizaciones deben tener la seguridad de que, ante la sospecha de un delito, podrán llevar a cabo las investigaciones oportunas sin temor a que lo que descubran, les termine perjudicando”, propone García, que entiende “la ventaja competitiva de la investigación interna como un medio para reaccionar rápido y con firmeza, y así salvaguardar el prestigio de la compañía”.

Secreto profesional

El portavoz de Círculo Legal, recomienda que sea “un abogado con sobrada experiencia en la materia y un amplio bagaje jurídico el que coordine a todos los expertos implicados en la investigación interna”. La razón está, en que, durante el proceso, cualquier defecto de forma, “puede dejar a la empresa sin opciones para exigir que los responsables de la irregularidad respondan ante la ley”, apunta.

No obstante, el letrado también puntualiza de que este liderazgo no está exento de polémica, pues “las comunicaciones entre la empresa y el abogado que actúa en defensa de la organización, están protegidas bajo el “legal privilege”, por lo que serán confidenciales y quedarán al margen de intervenciones posteriores por las Autoridades”.