• En 2021, la RFEF retiró al Comité de Ética la facultad sancionadora y la opción de actuar de oficio. Para Felipe García, abogado y socio-director del despacho Círculo Legal Madrid, “se cortó las alas al compliance, dando vía libre a la junta directiva para agilizar los procesos de contratación sin fiscalización alguna”.
• El letrado apunta que “no solo estos profesionales estaban maniatados en funciones y autonomía, sino también en independencia, puesto que estaban puestos a dedo con unos estatutos a medida, por la propia Junta Directiva de la Federación”, añadiendo que “el órgano de control, que actúa como primera barrera ante cualquier irregularidad, resultaba inservible, lo denominamos en el argot “paper compliance”.

Nada más poner un pie en el aeropuerto de Barajas, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, imputado por los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El presunto desvío de fondos desde la RFEF a la constructora Gruconsa a cambio de pagos a la sociedad Dismatec Sport parece ser solo la punta del iceberg de una trama que, para Felipe García, abogado y socio-director del despacho Círculo Legal Madrid, “se veía venir”, y es que, en 2021, la RFEF retiró al comité de ética la facultad investigadora, para poder actuar de oficio”.

De este modo, la propia Organización “desmembró una función básica del Comité ortó las alas al compliance, impidiendo investigar hechos presuntamente delictivos, dando vía libre a la junta directiva para agilizar los procesos de contratación sin fiscalización alguna”. En este sentido, el abogado indica que “al final, el órgano de vigilancia y control, que actúa como primera barrera ante cualquier irregularidad, resulta inservible”.

Una mayor fiscalización

Esta maniobra, que “ha supuesto un retroceso desde el punto de vista del cumplimiento normativo”, no es un caso aislado, pues ya en la época de Ángel María Villar, presidente de la RFEF entre 1998 y 2017, se destapó una red clientar en el marco de la operación Soule. “No resulta disparatado afirmar que sin compliance no hay paraíso”, admite García, al que le llama la atención que “el Consejo Superior de Deportes parece haber mostrado una pasividad inusitada, por lo menos, aparentemente, veremos lo que ofrece la investigación judicial, veremos quien ha levantado la mano para preguntar que estaba pasando con estos contratos”.

El experto apunta que “no solo estos profesionales veían como sus principales funciones estaban recortadas de forma paulatina, si no que su independencia e imparcialidad está en entredicho, dado que la el Presidente y su Junta, ponen a dedo a estos profesionales, algo que llama la atención, en una organización que no olvidemos, tiene delegadas funciones públicas, muy importantes, y que es receptora de fondos públicos”.

Para García, la solución no solo pasa por “reforzar los órganos de cumplimiento y auditoría, si no abordar una profunda reformulación de su normativa, para que su gestión sea más íntegra, ética y transparente”.

Una investigación compleja

Para García, “es esencial determinar si los concursos fueron amañados o no, ver si había otras propuestas, examinando los criterios que adoptó la Federación para adjudicar los contratos”.

El abogado recuerda que “el pago de comisiones no es ilegal, pero si se demuestra una adjudicación espuria que, además, perjudica a la RFEF, entonces sí que habría delito”.

El abogado insiste en “la dificultad para clarificar si hay causa civil en los pagos abonados por Gruconsa a Dismatec Sport, controlada por personas que presuntamente son de la esfera de Rubiales”. El Juzgado Instructor tiene mucho trabajo por delante, “pues hay otros delitos que podrían aparecer en escena y la investigación podría virar en otras direcciones y hacia otros investigados”.