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El entorno económico de los últimos años ha disparado la comercialización de seguros de protección de
pagos ("CPI", por sus siglas en inglés), ligados a los créditos al consumo. El motivo es razonable:
protegen al titular del crédito contra el riesgo de no poder hacer frente a la devolución de la financiación en
caso de producirse su fallecimiento, incapacidad o desempleo. La prestación del seguro se pagará a la
entidad financiera para la devolución de las cuotas del crédito, o al beneficiario que corresponda.



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