La globalización y el incremento del comercio internacional han convertido la elección de la ley aplicable en los contratos internacionales en una decisión crucial que puede determinar no solo la interpretación y ejecución del contrato, sino también el resultado de posibles disputas futuras. Esta complejidad se acentúa en el contexto europeo, donde el marco regulatorio establece un delicado equilibrio entre la libertad contractual y la protección de ciertos intereses fundamentales.

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