El 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y uno de los problemas más controvertidos y debatidos en este ámbito tiene que ver con la salud mental.

El concepto de evaluación psicosocial es crucial para garantizar la seguridad y salud en el ambiente laboral. Esta evaluación, que se centra en los factores psicológicos y sociales del trabajo, como el estrés o la organización laboral, es fundamental no solo para prevenir enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo, sino también para adaptar el ambiente laboral a las necesidades de los trabajadores.

A nivel internacional, la importancia de estos factores se reconoce en el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Directiva 89/391/CEE de la Unión Europea, que obligan a los empleadores a considerar estos riesgos al igual que cualquier otro riesgo laboral.

En España, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y normativas posteriores, como la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, refuerzan esta obligación, subrayando que los riesgos psicosociales deben ser evaluados y gestionados adecuadamente. Estas leyes establecen que el trabajo debe adaptarse a la persona, minimizando condiciones laborales que puedan resultar monótonas o repetitivas y que podrían afectar negativamente la salud del trabajador.

Desde el punto de vista legal, la falta de una evaluación adecuada de los riesgos psicosociales puede tener serias consecuencias jurídicas. La normativa establece sanciones económicas, y en algunos casos, hasta la suspensión de actividades si se incumplen las obligaciones de prevención. Adicionalmente, los trabajadores afectados pueden demandar a la empresa por daños y perjuicios si se demuestra que no se ha realizado una evaluación adecuada.

Recientemente, varias sentencias han destacado la importancia de esta evaluación. Por ejemplo, la sentencia del Juzgado de lo Social de Vitoria-Gasteiz n.º 154/2023, de 17 de agosto de 2023 condenó al Servicio de Salud Vasco al abono de más de 49.000 euros a dos trabajadores por la omisión de las medidas de prevención del riesgo psicosocial ante su sobrecarga laboral, quedando acreditada la relación causal entre la omisión de medidas por parte del Servicio de Salud con la necesidad de tratamiento farmacológico de los demandantes ante el estrés y ansiedad que les producía acudir a su puesto de trabajo. Otra sentencia novedosa del Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona, de 12 de enero de 2024 relacionó directamente la baja de un moderador de contenidos con el estrés generado por su trabajo, lo que subraya la necesidad de que las empresas no solo realicen evaluaciones, sino que actúen consecuentemente.

En resumen, la evaluación de riesgos psicosociales no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino un elemento crucial para garantizar un ambiente de trabajo saludable y productivo. Las pequeñas y medianas empresas deben ser especialmente conscientes de estas responsabilidades, adaptando sus prácticas laborales para proteger a sus empleados, evitando así posibles sanciones y mejorando el bienestar y eficiencia en el trabajo.