La Fundación Justicia Social, perteneciente al Consejo General de Graduados Sociales de España, ha elaborado tres Informes: “La reforma de la jornada laboral”, “Registro de jornada” y “Derecho a la desconexión digital”, en los que analizan la reforma propuesta por el Gobierno que busca modificar la regulación de la jornada laboral en España, y destacan los puntos claves, valoraciones y críticas, así como propuestas de mejora.
Esta reforma responde a demandas sociales y económicas actuales, como la conciliación de la vida laboral y personal, el aprovechamiento de los avances tecnológicos y la necesidad de impulsar un modelo laboral más humano y productivo. Aunque tiene un enfoque modernizador, los textos muestran una carga ideológica y política evidente que, según los informes, podría haber limitado
el consenso con los agentes sociales. No obstante, estos cambios buscan mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, modernizar el mercado laboral y garantizar derechos fundamentales de los trabajadores.
En lo que respecta a la reducción de la jornada laboral que establece un límite de 37,5 horas semanales de promedio anual sin afectación salarial, se dará un plazo de transición hasta el 31 de diciembre de este año, para las empresas cuyos convenios colectivos superen ese límite. Además, se garantizará que los trabajadores a tiempo parcial reciban ajustes proporcionales para evitar discriminaciones indirectas. Se estima que esta medida beneficiará a 12,9 millones de trabajadores, mejorando la conciliación y reduciendo desigualdades. Sin embargo, su aplicación podría suponer un incremento de costes laborales, especialmente para pequeñas empresas y sectores con márgenes ajustados. Esta reforma sigue la tendencia de países europeos como Bélgica, Alemania y Polonia, aunque en España su debate se ha producido con cierto retraso.
En este aspecto, en el Informe se recogen unas propuestas de mejora como son facilitar la transición mediante incentivos y asesoramiento para PYMES, mayor flexibilidad en la negociación colectiva adaptándola a las necesidades sectoriales y una implantación progresiva para facilitar la transición.
Por otro lado, el nuevo sistema de registro de jornada digital y accesible en tiempo real sustituye la normativa anterior y deberá estar disponible para empleados, representantes legales e inspecciones, incluso de forma remota. Esta medida busca reforzar la transparencia y el control sobre las horas extraordinarias no remuneradas. No obstante, la digitalización del registro podría ser costosa y compleja para las pequeñas empresas, mientras que el endurecimiento de las sanciones podría generar inseguridad jurídica. Aunque la medida responde a exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, elimina la flexibilidad anterior, lo que podría generar tensiones. Para facilitar su implementación, desde el mencionado informe se propone la creación de un "Kit Digital Laboral" destinado a PYMES, así como la recuperación de incentivos económicos previstos en el "Plan PYME 375", y clarificar las presunciones legales para evitar interpretaciones que generen inseguridad jurídica.
En lo que respecta al refuerzo del derecho a la desconexión digital que establece la prohibición de comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo, salvo excepciones justificadas, esta medida pretende proteger el descanso efectivo y busca reducir la hiperconectividad. No obstante, la rigidez de la normativa podría dificultar la gestión empresarial en situaciones excepcionales, si bien es cierto que muchas empresas y convenios ya contemplaban medidas flexibles. Esta reforma se asemeja al modelo portugués, aunque en dicho país las excepciones están más definidas. Se recomienda fomentar buenas prácticas, como el uso de respuestas automáticas y la programación de correos dentro del horario laboral, así como promover formación sobre el uso razonable de herramientas digitales, y adaptar el marco legal a las realidades sectoriales, a través de la negociación colectiva.
Estas nuevas medidas repercutirán en los despachos profesionales de Graduados Sociales generando interrogantes sobre su necesidad y oportunidad, al no contar con un consenso amplio ni una demanda social significativa. La medida podría alterar el equilibrio en la negociación colectiva, aumentando la conflictividad entre sindicatos y empleadores y afectando la estabilidad laboral, que hasta ahora ha mantenido el modelo de 40 horas semanales.
Desde una perspectiva organizativa, la reforma supondrá un desafío en la gestión laboral y de la seguridad social, con la necesidad de modificar coeficientes de parcialidad en los contratos, adaptar convenios colectivos y reorganizar tiempos de trabajo. Esto impactará especialmente a las micropymes y empresas familiares, que deberán hacer un esfuerzo adicional para ajustar sus recursos y cumplir con la nueva normativa. En este contexto, se solicita al legislador que implemente medidas de apoyo para facilitar la transición y que reconozca el papel fundamental de los graduados sociales en la correcta aplicación de estos cambios normativos.
Estas reformas tienen el potencial de modernizar el mercado laboral español, pero su éxito dependerá de una aplicación equilibrada y sostenible, especialmente para las PYMES y microempresas.
No hay comentarios.