Todas las jurisdicciones han experimentado un aumento en el ingreso del número de asuntos, que en total sumaron 1.980.482 asuntos y en la resolución con 1.876.708 asuntos. Este aumento está relacionado con la huelga que los letrados de la Administración de Justicia mantuvieron desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo de 2023 y que se reflejó en un significativo descenso de la actividad de los órganos judiciales en ese periodo del año pasado.

El informe Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2024 señala que el aumento más significativo se ha dado en el orden Civil, con un 37,8 % más asuntos de nuevo ingreso, y del Social, con el 28,1 %. Los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 4.087.741, lo que ha supuesto un incremento interanual del 17,9 %.

En la jurisdicción Civil, los órganos judiciales registraron 922.679 nuevos asuntos, de los que resolvieron 816.586 un 28,7 % más que en 2023, y quedaron en trámite 2.380.798, un 22,2 % más. La jurisdicción Penal muestra un incremento más moderado en el ingreso con 865.279 nuevos asuntos, se resolvieron 879.706, un 12,3 % más, y quedaron en trámite 1.040.922, un 12,3 % más respecto al ejercicio anterior.

El incremento en el ingreso de asuntos en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo alcanzó el 7,4 %, con un total de 53.510 nuevos asuntos registrados. Los asuntos resueltos fueron 57.838, un 6.9 % más que el año anterior y los que quedaron en trámite, 224.882, lo que ha supuesto un aumento del 4,1 %. En la jurisdicción Social se registraron 138.987 asuntos, se resolvieron 122.550, un 25,4 % más que en 2023, y quedaron tramitándose 441.099 asuntos, un 17,3 % más.

La tasa de litigiosidad en España durante este primer trimestre fue de 40,67 asuntos por cada 1.000 habitantes, 6,57 puntos mayor que hace un año. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (49,96), Madrid (44,02), Asturias (42,47), Cantabria (42,40), Cataluña (41,59) y Andalucía (41,28). Los territorios con la tasa más baja fueron La Rioja (29,01), Extremadura y País Vasco (33,12), Navarra (33,84), Castilla-La Mancha (33,96), Aragón (35,51), Galicia (35,97), Castilla y León (38,03), Baleares (39,12), Murcia, (39,86) y Comunidad Valenciana (40,51).