El juicio de Diego “El Cigala”, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera, se convierte en un escenario donde no solo se expone la gravedad de las acusaciones de violencia de género, sino que emerge la importancia de la conducta de los intervinientes y el respeto a la solemnidad judicial, aspectos en los que el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) adquiere una relevancia indiscutible. Este precepto, que puede parecer secundario frente al contenido esencial del litigio, constituye una pieza fundamental para el mantenimiento de la integridad de los procedimientos judiciales y la autoridad de los actores involucrados.

La actuación de la magistrada al llamar la atención a Diego “El Cigala” por referirse a las abogadas con términos de excesiva familiaridad pone de manifiesto la tensión entre las expresiones culturales y la formalidad del proceso judicial. Este análisis no puede limitarse a una interpretación superficial de la norma, sino que debe adentrarse en el significado profundo que guarda en un Estado de derecho: la defensa de la autoridad judicial y el respeto que cada interviniente debe observar.

El desarrollo de la vista oral fue marcado por un comportamiento del acusado que trasciende el simple acto de comunicación. Las palabras “cariño” y “corazón mío”, empleadas por Diego “El Cigala” para referirse a la fiscal y a la abogada de la acusación particular, pueden parecer inofensivas o incluso naturales en un contexto personal, pero en el ámbito judicial adquieren una connotación problemática. No se trata solo de una cuestión de semántica; se trata de preservar la igualdad de armas y el respeto en el proceso. La intervención de la magistrada, que le solicitó cesar en el uso de tales apelativos, constituye una manifestación de la función protectora y reguladora que tienen los jueces para garantizar el buen desarrollo de los actos judiciales. No es fortuito que el artículo 191 de la LOPJ imponga medidas que aseguren la consideración debida a los actores judiciales y, en su defecto, habilite la expulsión de quien perturbe la vista mediante actos irrespetuosos.

Este incidente pone en relieve la tensión entre la personalidad del acusado, un artista de renombre con un estilo y actitud que se alejan de la formalidad esperada en un juicio, y las exigencias de respeto que demanda el sistema judicial español. El uso de apelativos como “cariño” o “corazón mío” no es solo un desafío a la formalidad, sino una potencial manifestación de un intento de desequilibrar la percepción de profesionalidad de las partes, especialmente en un caso donde las denuncias por violencia de género añaden un matiz de especial sensibilidad. La respuesta de la fiscal, al insistir en que trataba al acusado de “usted”, no es un simple recordatorio de etiqueta, sino una reafirmación de la igualdad y respeto mutuo que debe prevalecer en las relaciones procesales. La autoridad de la magistrada se erige, en este contexto, como guardiana de un entorno en el que todos los participantes, desde la acusación hasta la defensa, se sitúan en un plano de igualdad que permite la celebración de un juicio justo.

El artículo 191 de la LOPJ refleja una de las caras menos visibles, pero no por ello menos importantes, de la administración de justicia: la necesidad de mantener la solemnidad y el respeto como pilares de la práctica judicial. Esta norma se encarga de regular las perturbaciones y faltas de respeto en los juicios, protegiendo no solo la figura de los jueces, sino también la integridad y dignidad de los abogados, fiscales, procuradores y demás profesionales que participan en un proceso judicial. En un juicio como el de Diego “El Cigala”, donde las emociones y las percepciones juegan un papel fundamental, la conducta del acusado podría haber desviado la atención del fondo del asunto, que es la evaluación de los delitos de maltrato por los que se le acusa, hacia una dinámica de desconsideración que podría menoscabar la percepción de justicia.

Es preciso subrayar que la actuación del acusado, más allá de un simple acto de falta de respeto, puede considerarse un reflejo de la asimetría que históricamente ha caracterizado ciertos escenarios de interacción en los que la jerarquía, el género y el poder desempeñan un papel implícito. La insistencia de la magistrada en restaurar la formalidad es un recordatorio de que el proceso judicial no solo evalúa la culpabilidad o inocencia, sino que también es un escenario donde se refuerzan los valores de respeto mutuo y paridad, principios esenciales para garantizar la legitimidad del proceso judicial.

La aplicación del artículo 191 de la LOPJ en este caso refuerza la idea de que los tribunales no solo son un lugar para la resolución de disputas, sino también espacios que deben reflejar la equidad, el decoro y la igualdad. Al margen de la decisión final del tribunal sobre los hechos imputados, la intervención para corregir el comportamiento del acusado es un recordatorio de que el entorno de un juicio debe ser digno y respetuoso para todos los participantes. La magistrada, al solicitar al cantaor que moderara su lenguaje, actuó en consonancia con el principio de que la justicia no solo debe parecer justa, sino que debe desarrollarse en un entorno que asegure la neutralidad y el respeto de todos los intervinientes.

Desde una perspectiva más reflexiva, la situación suscita cuestiones relevantes sobre cómo se perciben y manejan las dinámicas de poder en el entorno judicial. ¿Podría la actitud de Diego “El Cigala” considerarse una estrategia consciente o inconsciente para minimizar la figura de las abogadas en la sala? Aunque no es posible afirmar con certeza la intención detrás de sus palabras, es innegable que tales gestos tienen el potencial de generar un desequilibrio en la percepción de autoridad y profesionalidad. En este sentido, la firme respuesta de la magistrada adquiere una doble dimensión: no solo como correctivo de una falta de respeto inmediata, sino como un mensaje de fondo sobre la importancia de la paridad y la autoridad en el marco de la administración de justicia.

Por otro lado, la reacción de la fiscal y su referencia al tratamiento de “usted” refuerza la posición de igualdad que debe existir entre las partes. No se trató de una simple corrección lingüística, sino de una defensa de su posición como representante del Ministerio Público y como mujer en una situación de posible asimetría de trato. Esta insistencia en el uso de un lenguaje formal y respetuoso se inscribe en un contexto más amplio de reivindicación del respeto y la profesionalidad en el ámbito judicial, donde la percepción de justicia se construye no solo a través de las decisiones finales, sino también del desarrollo de las vistas y la conducta de sus participantes.

La importancia del artículo 191 de la LOPJ se hace aún más evidente cuando se consideran las consecuencias de no aplicarlo con firmeza. Un juicio en el que se permiten actitudes que desafían la autoridad o el respeto de los participantes puede derivar en un entorno que comprometa la percepción de imparcialidad y la confianza en el sistema de justicia. Esta norma actúa, por tanto, como un baluarte contra la desnaturalización del proceso y la deslegitimación de las instituciones judiciales. En el caso de Diego “El Cigala”, la magistrada tomó una postura firme, recordando que el proceso judicial es un espacio donde se resuelven disputas bajo un marco de respeto que no puede ni debe ser transgredido por costumbres individuales o excentricidades.

El juicio a Diego “El Cigala” representa, en última instancia, un microcosmos de los desafíos que enfrenta la justicia contemporánea: la necesidad de mantener un equilibrio entre la personalidad y el derecho, la libertad de expresión y la formalidad, y la protección de la solemnidad judicial frente a actos que puedan comprometer su integridad. Este equilibrio se encuentra en la base del artículo 191 de la LOPJ, una norma que, aunque pueda parecer discreta, desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del orden, la seriedad y la equidad en los actos judiciales.

Cabe inferir que la aplicación del artículo 191 de la LOPJ en este juicio es más que una anécdota: es un reflejo del compromiso de los tribunales con la protección de un entorno de justicia que, a través de la observancia del respeto y la consideración, refuerza la confianza de la sociedad en su sistema judicial. La intervención de la magistrada no solo preservó la formalidad, sino que envió un mensaje claro sobre la importancia de que todos, sin importar su fama o posición, deben someterse a las normas que garantizan el respeto en el desarrollo de actuaciones procesales en las sedes judiciales.