Como ya sabemos, la relación laboral de carácter especial  de los abogados que prestan servicios en despachos, individuales o colectivos, se regula en el Real Decreto 1331/2006,Como ya sabemos, la relación laboral de carácter especial  de los abogados que prestan servicios en despachos, individuales o colectivos, se regula en el Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre.   de 17 de noviembre.  

.  Este tipo de Abogados tendrán los derechos establecidos en su art. 5:

1. Poder actuar, en todo momento, de acuerdo con los principios, valores, obligaciones y responsabilidades que imponen a los mismos las normas que rigen la profesión de abogado, incluidas las éticas y deontológicas.
2. Recibir durante el desarrollo de la relación laboral la formación necesaria para mantener un nivel adecuado de capacitación técnica y profesional, en los términos previstos en este real decreto, en el convenio colectivo de aplicación o en el contrato de trabajo.
3. Participar en las actividades docentes e investigadoras que desarrolle el despacho, en los términos que se acuerde en los convenios colectivos que resulten de aplicación o en el contrato de trabajo que se concierte.
4. Poder asesorar y defender al cónyuge y demás familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, y en su caso por adopción, sin perjuicio del régimen de exclusividad que se concierte.

Por otra parte, los Abogados en el ejercicio de su profesión, asumen respecto de los despachos los siguientes deberes:

1. Cumplir las obligaciones inherentes a los servicios profesionales contratados correspondientes a la profesión de abogado, de conformidad con las reglas de la buena fe y con la diligencia exigida en las normas que rigen la indicada profesión.
2. Cumplir las obligaciones impuestas a los trabajadores en la normativa de prevención de riesgos laborales y observar las medidas de prevención que se adopten para proteger su seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas otras personas a que pueda afectar su actividad profesional.
3. Cumplir las órdenes e instrucciones del titular del despacho, salvo que contravengan los principios y valores de la abogacía o las obligaciones que imponen a los abogados las normas que rigen la profesión.
4. No concurrir profesionalmente con la actividad del despacho, en los términos previstos en este real decreto, en el convenio colectivo o en el contrato.
5. Contribuir a la mejora del funcionamiento del despacho mediante la mejora de la calidad de los servicios prestados por el mismo.
6. Completar y perfeccionar su formación y capacitación profesional siguiendo las directrices del titular del despacho.

Todo ello sin olvidar los derechos y las obligaciones contemplados en la Sección 2ª, arts. 4 y 5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.