Madrid, 24 abr (EFE).- Catedráticos de Derecho Constitucional coinciden en que la ley de amnistía impulsada por el PSOE para los encausados durante el procés cabe dentro de la Carta Magna, porque el silencio constitucional no restringe la capacidad legislativa sobre una materia sin título específico.

No obstante, han cuestionado su efectividad para lograr la convivencia pacífica en Cataluña a la que alude la exposición de motivos de la norma.

Así lo han manifestado este miércoles en unas jornadas celebradas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), donde más de una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y penal han reflexionado sobre los posibles efectos de la ley de amnistía, cuya finalidad conciliadora creen que puede verse obstaculizada por una discordia en el resto del país.

"Ciertamente no están claros los efectos, pues es una decisión que asume un riesgo político considerable", ha matizado el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid Luis López Guerra.

Una de las mayores preocupaciones de los expertos es la división que ha producido la proposición de ley en la academia, la clase política y, como indicó también el dictamen de la Comisión de Venecia, en la sociedad española.

Por ello, varios ponentes han señalado que la tramitación debería haber garantizado un debate parlamentario extenso y que debería haber sido aprobada por una mayoría cualificada más allá de la absoluta que contempla el reglamento.

"Hay una profunda división ciudadana y una falta de pedagogía política e institucional a la hora de impulsar esta cuestión, por lo que habría sido preferible que esta medida hubiera contado con un consenso ultrarreforzado", ha asegurado la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Ana Carmona Contreras.

La tramitación por vía de urgencia, su carácter de proposición de ley y la "opacidad" durante la redacción de la ley son aspectos que, según Carmona, "no determinan la inconstitucionalidad de la ley, pero son elementos criticables".

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo ha mostrado su recelo a que los partidos beneficiados por la amnistía hayan participado en la redacción del texto legal y a que, sin los votos de los grupos independentistas, la proposición de ley hubiese sido rechazada por la cámara.

En opinión de Ruiz Robledo, "las declaraciones de los partidos beneficiados no parecen respetar la concordia".

Sin embargo, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Roca cree que no se dan los criterios jurídicos para considerar este caso como una "autoamnistía", para la que, según ha indicado, hace falta que se dé una "vulneración de derechos humanos o un régimen autoritario".

Además, los expertos confían en el papel del Tribunal Constitucional para la revisión de la ley cuando su aprobación sea definitiva como garantía de la proporcionalidad y la legitimidad que exige la Constitución a estas medidas excepcionales de gracia.