Sin duda, la explotación de pisos turísticos dentro de las comunidades de vecinos constituye una problemática viva, tanto a nivel de convivencia vecinal como por la dificultad de alquilar y por el encarecimiento de los alquileres. El Real Decreto-Ley 7/2019 motivó una reforma en la Ley de Propiedad Horizontal (en adelante, LPH), por la que se introdujo un nuevo apartado 12 en su artículo 17, a fin de que los vecinos pudieran acordar la limitación o condicionamiento de aquellos alquileres turísticos por una mayoría cualificada de 3/5, inferior a la unanimidad que antes de tal reforma se requería al suponer tal acuerdo una modificación estatutaria (vid. art. 17.9 LPH) y permitiendo ello abrir el mercado a la vivienda para su adquisición mediante compraventa o para su alquiler más estable.

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