La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), patronal del sector inmobiliario profesional en España, alerta del auge de los procesos extrajudiciales que muchos propietarios ya han iniciado para la recuperación de sus viviendas okupadas.
Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI, subraya que “si los arrendadores inician procesos extrajudiciales es debido a la lentitud de la justicia y a la gran falta de seguridad jurídica que existe en estos momentos para los propietarios”. “Los procedimientos pueden alargarse durante meses e incluso años, lo que genera mucha incertidumbre y pérdidas económicas muy notables para el arrendador”, lamenta el experto.
En estos momentos, tal y como informa la patronal inmobiliaria, los propietarios se enfrentan a un marco legal que favorece más al okupa que al propietario, una realidad que lleva a los arrendadores a buscar fórmulas alternativas. “Por eso han proliferado empresas especializadas en la desokupación que ya se están convirtiendo en grandes compañías”, aseguran.
“Desde la patronal insistimos en la necesidad de reformas legales que protejan de manera efectiva a los propietarios y garanticen una rápida recuperación del inmueble en aras de evitar que la okupación siga siendo un problema estructural en el sector inmobiliario español. Hemos de dar herramientas a los jueces para que puedan proteger el derecho a la propiedad privada de la ciudadanía”, apunta Gómez Huecas.
La patronal inmobiliaria señala que el problema de la okupación es complejo y requiere un enfoque integral, y propone cinco medidas clave que podrían contribuir a su solución:
1. Reforma legal para agilizar los desalojos
Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reducir los plazos de desalojo de okupas. Un procedimiento exprés que permita recuperar la vivienda en un plazo máximo de 48-72 horas, sin necesidad de un proceso judicial prolongado.
2. Endurecimiento de las penas para la okupación
Actualmente, la okupación se sanciona con penas leves en muchos casos. Endurecer las consecuencias penales para los okupas reincidentes y las mafias organizadas que se lucran con esta práctica ayudaría a erradicar estos delitos.
3. Apoyo a los propietarios afectados
Crear una oficina de apoyo a propietarios afectados por la okupación con asesoramiento legal gratuito y asistencia directa facilitaría la recuperación de las viviendas y reduciría el impacto económico y psicológico en los propietarios afectados.
4. Mayor coordinación entre fuerzas de seguridad y justicia
Un protocolo de actuación más ágil entre Policía, Guardia Civil y jueces permitiría intervenir de manera más rápida y evitar situaciones en las que los okupas se benefician de vacíos legales o retrasos administrativos.
5. Soluciones habitacionales para familias vulnerables
Muchas okupaciones están vinculadas a la falta de acceso a vivienda digna. Un refuerzo de las políticas públicas de vivienda social y alquiler asequible reduciría la presión sobre el mercado inmobiliario y ofrecería alternativas a quienes realmente necesitan un techo.
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