La reforma de la ley concursal ha introducido una regulación sofisticada de las clases de acreedores que revoluciona el sistema de reestructuraciones empresariales en España. A diferencia del régimen anterior, que se basaba principalmente en una distinción simple entre acreedores garantizados y no garantizados, el nuevo sistema exige un análisis más profundo y matizado de los intereses en juego.

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