El IRAV tiene su origen en la disposición final primera de la Ley por el Derecho a la Vivienda, esta disposición modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y le añade la disposición adicional undécima, en la que se estableció que antes del 31 de diciembre de 2024 el Instituto Nacional de Estadística definiría una índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda. Dicho índice supondría el nuevo límite máximo de actualización de la renta conforme al artículo 18 de la LAU.