El 19 de diciembre de 2023, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 6/2023, una reforma clave para modernizar la Administración Pública y mejorar la gestión de los empleados públicos. Pero, un año después, ¿qué ha cambiado realmente? María Bocio, profesora titular de la academia de oposiciones Administraciondejusticia.com, nos ayuda a analizar los logros alcanzados y los desafíos que aún están por resolver.

Un punto de partida necesario

La reforma llegó con grandes promesas: profesionalizar la función pública, reducir la temporalidad, implementar sistemas de evaluación del desempeño y promover la digitalización. María Bocio señala:
 "Esta reforma supone un esfuerzo por modernizar una Administración que, en muchos aspectos, estaba quedándose obsoleta. Aunque hay avances palpables, todavía queda mucho trabajo por hacer."

Los avances conseguidos

1. Evaluación del desempeño

Una de las medidas estrella ha sido la implementación de sistemas de evaluación del desempeño para medir el trabajo de los empleados públicos. Este sistema, aunque en sus primeras etapas, ha permitido identificar fortalezas y áreas de mejora.

María comenta:
 "La evaluación del desempeño es un gran paso adelante, pero es esencial que no se convierta en un mero trámite burocrático. Su éxito dependerá de cómo se aplique en la práctica y de si realmente sirve para reconocer méritos y detectar necesidades."

2. Formación y capacitación

La inversión en formación continua ha sido otro de los puntos fuertes. Los empleados públicos han tenido acceso a cursos diseñados para actualizar sus competencias, especialmente en áreas tecnológicas.

"Actualizar las habilidades de los empleados es esencial, especialmente en un entorno tan cambiante como el actual. Este es un aspecto que se está llevando bien y que puede marcar la diferencia a largo plazo," apunta María.

3. Planificación estratégica

El desarrollo de planes estratégicos para gestionar mejor los recursos humanos es otro de los logros destacables. Sin embargo, su impacto real todavía no se percibe de forma uniforme en todas las áreas de la Administración.

Lo que aún falta por hacer

A pesar de estos avances, la reforma enfrenta importantes retos:

1. Reducción de la temporalidad

Uno de los objetivos principales era reducir la temporalidad al 8%, pero los avances han sido lentos. María critica este punto:
 "Aunque se han dado pasos, la temporalidad sigue siendo un problema importante. La falta de planificación efectiva ha ralentizado los progresos en este ámbito."

2. Digitalización

La digitalización de procesos sigue siendo una asignatura pendiente. Aunque se han iniciado proyectos piloto, la adopción de tecnologías aún no es una realidad en gran parte de la Administración.

"La digitalización avanza, pero a un ritmo que no es suficiente. La Administración debe acelerar este proceso para ser más eficiente y accesible para la ciudadanía," explica María.

3. Atracción de talento joven

A pesar de los intentos por hacer más atractiva la carrera en la Función Pública, sigue siendo difícil captar y retener a jóvenes talentos.

"La Administración necesita ofrecer más incentivos para atraer a las nuevas generaciones. Sin renovación generacional, el sistema corre el riesgo de estancarse," advierte María.

El impacto en los empleados públicos

Para los trabajadores, los cambios introducidos han tenido luces y sombras.

• Incremento salarial: Se han aprobado subidas salariales, aunque algunos sectores consideran que no son suficientes para compensar la inflación acumulada.
• Nuevas oportunidades de formación: Los programas de capacitación han sido bien recibidos, pero todavía queda por garantizar que lleguen a todos los niveles de la Administración.

María resume:
 "Hay avances que los empleados públicos han valorado positivamente, pero también queda la sensación de que falta un mayor compromiso para resolver problemas estructurales."

Perspectivas para el futuro

El Real Decreto-ley 6/2023 ha sentado unas bases importantes, pero el trabajo está lejos de estar terminado. María concluye:
 "La reforma ha dado pasos en la dirección correcta, pero necesita más impulso y un compromiso real para superar los retos pendientes. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos a medio camino."

Un año después de su implementación, la reforma de la Función Pública tiene un balance mixto. Aunque se han logrado avances significativos, como la evaluación del desempeño y la formación continua, cuestiones clave como la reducción de la temporalidad y la digitalización siguen siendo grandes retos.

El éxito de esta reforma dependerá de cómo el Gobierno y las Administraciones afronten estos desafíos en los próximos años. Por ahora, queda claro que modernizar la Función Pública es un proceso que requiere no solo cambios normativos, sino también un compromiso real y sostenido.