Esta semana pasada como tantos abogados, recibí un formulario encuesta por parte de Red Abogacía, perteneciente al Consejo General de la Abogacía Española. Es una encuesta, al parecer, dirigida a todos los colegiados de España para opinar sobre la posibilidad de crear una plataforma de comunicación con las Compañías de Seguros para poder dejar constancia fehaciente de las comunicaciones con las mismas, en particular, de la petición de oferta motivada ante un siniestro.

Tras el fracaso de lexnet abogacía y la dilapidación de una importante cantidad de dinero en dicha plataforma (aún no se nos ha informado a los abogados de cuánto dinero se gastó, ya no podemos hablar de inversión, ni creo que nos lo digan nunca) está bien que se pregunte, si quiera de manera parcial, por una iniciativa de estas características que ya nos está costando dinero (desde el momento en que se están dedicando recursos a la misma). Digo que es una forma de participación parcial pues, en mi opinión, faltan dos elementos importantes para poder opinar con criterio: uno, la relevancia de la encuesta (es vinculante, consultiva, qué participación se considera mínima para sacar datos concluyentes de la misma); dos: qué presupuesto de inversión se plantea.

Debo hacer valoraciones similares a cuando veo como se impulsan de unos años a esta parte sistemas de participación ciudadana en ayuntamientos y otras entidades. Es cierto que es un cambio de modelo de relación entidad-ciudadano y que defiendo desde hace años. Cada vez hay más ciudadanos que demandan más espacios de participación. Pero en mi opinión hay dos elementos claves para que estos sistemas funcionen: información y representatividad. Representatividad indica que habremos que definir un número mínimo de intervinientes para poder entender dichos procesos como verdaderamente participativos. Entre otras muchas cuestiones.

La cuenta de twitter de CGAE y la de su actual presidenta Victoria Ortega han lanzado un par de "perlas" en los últimos días. La primera felicitar "en nombre de la abogacía" el nuevo procedimiento de reclamación de cláusulas suelo cuando la generalidad de abogados que han estudiado el mismo y en particular los especialistas en consumo han lanzado fuertes críticas y han mostrado su desagrado. La segunda "perla" que ya ha asomado la patita otros días ha sido hablar de superar el sistema de partidos judiciales, algo que desagrada mucho a muchos abogados ejercientes en los mismos. En ambos casos se trasladan las reflexiones en ejercicio de una representatividad legal, pero contrasta abiertamente con la opinión de los directamente representados.

Quizás sea el momento (las herramientas tecnológicas existen) de articular sistemas de verdadera participación donde se puedan pulsar las opiniones de los abogados ante determinados temas controvertidos. Pero es necesario definir bien los mismos, definir qué temas son los que pueden ser objeto de dicha participación, dotar de la información adecuada y sobre todo medir qué opiniones son vinculantes o en qué grado.

¿Tienen nuestros representantes esa visión? ¿Estaríamos los abogados a la altura de dicha oportunidad de participación? ¿Veremos escenarios alternativos colaborativos?