Las responsabilidades de las empresas españolas en la defensa y protección de los derechos humanos y el medio ambiente están reguladas a través de una reciente directiva europea, pero en el ámbito empresarial de nuestro país apenas ha comenzado el debate sobre cómo implementar las obligaciones que se derivan.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha asegurado hoy que los letrados deben jugar “un rol crucial, asegurando la implementación de la diligencia debida y el respeto por los derechos humanos por parte de la actividad empresarial”.

Durante la inauguración del XI Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, dedicado este año al respeto de estos derechos en el ámbito empresarial, González ha expuesto la normativa ya en vigor, tanto de carácter internacional como la reciente Directiva Europea de diligencia debida en materia de Sostenibilidad empresarial, para advertir sobre la urgencia de comenzar a trabajar con el tejido empresarial sobre las responsabilidades que han asumido como consecuencia de la nueva regulación, aún pendiente de su trasposición en nuestro país.

Carlos Fernández, catedrático, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU denunció que “hay muchos casos constatados donde se producen graves violaciones de derechos humanos a través de esas relaciones comerciales y cadenas de suministro. El Estado tiene que adoptar normas para que los actores no estatales, en España y fuera de España, cumplan los derechos humanos”.

Durante varias sesiones de debate, expertos que han participado de la construcción de estos principios han profundizado en las consecuencias jurídicas de la directiva aludida y sobre cómo las empresas españolas deben adaptarse a ella.

“Necesitamos esta legislación porque lo voluntario no ha funcionado. Nuestras empresas al irse a otros territorios rebajaban de forma sistemática sus estándares y su manera de actuar. Hay un gran número de personas realizando trabajo forzoso, la deforestación ha arrasado enormes áreas en el mundo… “,  denunció Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables, que lamentó que la directiva no haya incluido la perspectiva de género.  “Las empresas tienen ahora la obligación de prevenir, mitigar y reparar su impacto en los derechos humanos y en el medio ambiente. La reparación a las víctimas era una asignatura pendiente”.

“La directiva no ha cumplido todas nuestras expectativas, pero esperamos que España la transponga en plazo y que se introduzcan nuestras sugerencias para mejorar la norma”, añadió Acero.

De izda. a dcha.: Alejandro García, consejero político del Grupo S&D en el Parlamento Europeo; Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables; Carlos Fernández, catedrático de derecho internacional público y miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Blanca Ramos, consejera del Consejo General de la Abogacía Española y decana del Colegio de Pamplona.

Aunque las directivas son de aplicación directa, también se ha reflexionado sobre cómo debería el legislador español adaptar esa normativa al entramado legal de nuestro país para dotarla de mayor eficacia. Países como Alemania, Francia, Países Bajos o Noruega ya cuentan con leyes nacionales que establecen las obligaciones para las empresas en esta materia.

“Todo esto es de aplicación imperativa y, con independencia de donde haya sucedido el daño, se aplicará la normativa europea. Antes, si el daño ocurría en Bangladesh, se aplicaba el derecho bangladesí, esto ya no será así”, explicó Alejandro García, consejero político del Grupo S&D en el Parlamento Europeo. “La directiva tiene un enfoque basado en el riesgo, esto quiere decir que las empresas tienen que abordar aquellos impactos más urgentes, en la medida de sus posibilidades. Y ahora cada Estado tiene que crear una autoridad estatal para vigilar el cumplimiento de la Directiva”.

“Los legisladores tienen un gran reto por delante. La abogacía tiene que actuar en favor del cumplimiento de la norma y del Estado de Derecho”, aseguró Ana Higuera, directora de la Fundación Fernando Pombo.

De izq. a dcha.: Víctor Pascual, profesor en ICADE; Ana Higuera, directora de la Fundación Fernando Pombo y profesora del Derecho del Trabajo; José Alberto Navarro, socio de Uría y patrono de la Fundación Profesor Uría; y Filomena Peláez, consejera de la Abogacía Española y presidenta del Grupo de Trabajo de Discapacidad.

Algo en lo que coincidió Víctor Pascual, profesor de ICADE: “Es una oportunidad única para ser como abogados constructores de la justicia. Estamos ante un momento histórico, que se apruebe una normativa que obligue a las empresas a cumplir los derechos humanos es para aplaudir y celebrar”.

José Alberto Navarro, socio de Uría y patrono Fundación Profesor Uría, también se felicitó por la directiva pero señaló que “tiene muchas zonas grises”. “Esto no va a machacar a las empresas, sino de evitar esos efectos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente”, añadió.

De izq. a dcha.: Rubén Romero, coordinador del Departamento Incidencia Política y Alianzas Convive – Fundación Cepaim; Milagros Fuentes, patrona de la Fundación Abogacía; Tania García, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España; y Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Rubén Romero, coordinador del Departamento Incidencia Política y Alianzas Convive – Fundación Cepaim, reflexionó sobre el papel de la sociedad civil para “no centrar la responsabilidad en una Directiva”. Su cumplimiento, señaló, “debe tener una visión interseccional”. Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, manifestó que “es un avance que las empresas cuenten con planes de riesgo, pero deben tener otras exigencias de responsabilidad e instrumentos de control”. Y Tania García, presidenta de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE), finalizó con una petición: “España debe liderar una transposición de la Directiva”.

Alfredo Irujo, vicepresidente y patrono de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos

Alfredo Irujo, vicepresidente y patrono de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, clausuró el Congreso reflexionando sobre las oportunidades de la Abogacía, como constructora social de la justicia, para asegurar el cumplimiento de la Directiva Europea sobre Diligencia Debida.