Este Convenio, que verá la luz después de casi una década de trabajos de la Abogacía española y la europea, se constituirá en un instrumento internacional histórico, que reforzará la protección de la abogacía en todo el mundo. Su objetivo es garantizar el ejercicio libre y establecer estándares y procedimientos comunes de protección frente a las injerencias indebidas.
Hace apenas dos semanas, con ocasión de la Conferencia de Presidentes de las Abogacías Europeas en Viena, el presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Thierry Wickers, trasladaba al presidente español, Salvador González, que el convenio seguía pendiente del voto favorable del Gobierno de España. En los últimos días, el Consejo General ha llevado a cabo intensas conversaciones con altos funcionarios del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en este sentido, logrando finalmente que el ejecutivo español reconsiderase su postura inicial.
Como resultado de estas gestiones, el Ministerio ha decidido desbloquear hoy la situación, eliminando todas sus reservas (que estaban teniendo un efecto dominó en otros Estados miembros) y aprobarlo con una modificación menor del memorándum explicativo. En los próximos meses, el convenio se someterá para aprobación por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y se abrirá el plazo para su firma y ratificación por parte de los países miembros de esta organización continental.
El presidente de CCBE, Thierry Wickers, trasmitió ayer mismo su sincero reconocimiento a la Abogacía Española por la relevancia de la posición del Consejo General y su capacidad para influir en la postura de las autoridades españolas y por la firme recomendación a favor de un apoyo sin reservas al Convenio. Fuentes de Consejo de la Abogacía Europea consideraron ayer que el Convenio aprobado está llamado a convertirse en una referencia fundamental para la garantía del ejercicio de la abogacía y, por extensión, del derecho de defensa en todo el mundo.
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