El Colegio de Abogados de Granada manifiesta su preocupación por el previsible colapso que van a sufrir los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Granada a raíz de la ampliación de la competencia objetiva de estos órganos para la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual, la trata con fines de explotación sexual y el acoso sexual, haya existido o no relación de pareja entre las partes, que introduce la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La Corporación, en consonancia con el Grupo Especializado en Violencia de Género de la misma, advierte de que la ampliación de competencias -que está prevista que se produzca en octubre de 2025, ex artículo 88.5 LOPJ en su nueva redacción conforme a la LO 1/2025- va a tener el efecto inmediato de saturar unos juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con todas las formas de violencia sobre la mujer, con el consiguiente riesgo y desprotección que ello entraña.
La Junta de Gobierno explica que es evidente que, con idéntica planta judicial y personal, no podrá asegurarse un trato personalizado a cada una de las víctimas de violencia de género y violencia sexual a las que habrá que atender a diario. Las mismas se verán revictimizadas ante la previsible dilación que sufrirán los procedimientos penales y civiles en los que sean parte, no sólo en el día a día, que comportará que deban esperar en el juzgado varias horas a que se las pueda atender, sino también en la tramitación de los procesos, que se dilatarán en el tiempo, con el consiguiente riesgo de que las causas penales puedan finalizar sin condena por el transcurso de los plazos máximos de instrucción o de que haya procedimientos que deban alzarse y dejarse sin efecto las medidas cautelares de protección al superarse el plazo máximo de vigencia entre su adopción y la fecha del juicio. Una revictimización que se hará extensiva a los menores y a las personas vulnerables que deban comparecer en dependencias judiciales y que se verán abocados a soportar horas de espera en un ambiente poco adecuado. Y ello sin olvidar el derecho de defensa de las personas investigadas.
Asimismo, la Abogacía granadina también denuncia que los letrados, procuradores y demás operadores jurídicos verán prolongada su jornada laboral más allá de lo necesario y sufrirán también las consecuencias que los retrasos en la tramitación de asuntos conllevará, al ver demorados sus procedimientos y ralentizarse la capacidad de respuesta del órgano judicial.
Hay que tener en cuenta que los dos Juzgados de Violencia sobre la Mujer del partido judicial de Granada asumirán entre el 20% y el 30% de los asuntos que actualmente tramitan los nueve Juzgados de Instrucción de Granada más los cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Santa Fe, al haberse comarcalizado el 1 de abril de 2024 este último partido judicial con relación a los delitos competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Todo ello sin olvidar a los Juzgados Mixtos con competencia en dicha materia, que verán incrementado el número o de asuntos de los que tendrán que conocer en Violencia sobre la Mujer sin poder dejar de atender asuntos correspondientes a las jurisdicciones civil y penal ordinaria. La modificación legislativa afectará igualmente a los Juzgados de lo Penal con competencia exclusiva en Violencia sobre la Mujer y a las Secciones de la Audiencia Provincial especializadas en dicha materia, con el añadido de que su jurisdicción es provincial.
Todo ello conllevará dilaciones en el enjuiciamiento de los asuntos por los delitos cometidos en este ámbito, lo que en última instancia lleva a la Abogacía granadina a plantear dónde está la realidad práctica de la eficiencia en la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva y la protección de las víctimas. Por ello, el Colegio de Abogados de Granada considera imprescindible la adopción de medidas proactivas, por cuanto no es de recibo esperar a que se produzca un colapso anunciado y previsible cuando se puede anticipar la respuesta, y reclama una moratoria a fin de que no entrara en vigor la prevista ampliación de competencias hasta la implantación efectiva de los Tribunales de Instancia y la creación de Secciones específicas, así como la creación de un tercer Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
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