La directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (también conocida como CS3D), aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 26 de abril y ratificada por el Consejo el 24 de mayo, tiene por objeto establecer las normas y obligaciones comunes aplicables a las empresas que operan en la Unión Europea, en lo relativo a los efectos adversos, ya sean reales como potenciales, que sus actividades, incluidas las de sus filiales y las que conforman su propia cadena de valor, puedan suponer sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este objetivo representa un claro avance en el establecimiento de un marco común regulatorio en el ámbito de la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, asegurando así que las empresas que actúan en un mercado competitivo como es la Unión Europea, compitan en igualdad de condiciones.

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