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  • Billin, empresa experta del Grupo TeamSystem, destaca que la Ley Antifraude obliga a estos negocios a tener un programa de facturación que siga los criterios de Hacienda  a partir de enero de 2026  
  • Aprovechar ayudas como las del Kit Digital integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puede marcar la diferencia para los emprendedores
 

2025 marcará un momento especial para autónomos y pymes: será el curso de transición antes de la implantación de la facturación electrónica obligatoria. Una iniciativa que impone a partir de 2026 una práctica a la que deberán adaptarse miles de empresas para eludir las sanciones establecidas. 

La facturación digital bebe de dos leyes: la mencionada Ley Antifraude, que obliga a este colectivo a compartir esos datos con Hacienda desde la mencionada fecha con el ánimo de combatir el fraude fiscal; y la  Ley Crea y Crece, que persigue la digitalización del tejido productivo y empresarial, especialmente para pequeñas, medianas o micro empresas. 

Por eso 2025 va a ser un ejercicio capital para autónomos y pymes: porque muchos empresarios en España tendrán que acelerar su transición digital. Algo que va a exigir un esfuerzo colectivo tanto a administraciones públicas como al sector privado: según el último informe de TeamSystem elaborado en colaboración con Materia Prima tras consultar con 1.200 autónomos, micropymes y asesorías en nuestro país, el  69% de los autónomos y el 45% de las micropymes siguen facturando a mano, lo que conlleva tiempo y errores. 

Lo anterior se traduce en pérdidas superiores a los 3.600 millones de euros al año para los autónomos, una de las causas por las que este colectivo se encuentra a la cola de la productividad en la Unión Europea. De ahí la necesidad de informar, divulgar y concienciar sobre la adaptación tecnológica. 

Según el documento que ya está en fase de consulta pública (la fase justo anterior a la publicación definitiva de la norma), las fechas exactas para la introducción del nuevo sistema electrónico son el 1 de enero de 2026 para pymes y resto empresas, y el 1 de julio de 2026 para autónomos. 

Kit Digital hasta 2025

2026 será el año, pues, en el que tendrá que remitirse la facturación electrónica al fisco, por lo que se recomienda a las empresas que comiencen a anticiparse y a adaptarse progresivamente a la nueva normativa.

Para conseguir esta adaptación, desde Billin, empresa del Grupo TeamSystem se propone a todo el segmento empresarial acudir a las ayudas que marca el Kit Digital; son ayudas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que concluyen en octubre de 2025 para incorporar a los negocios un software de facturación que posibilite que la digitalización de la factura salga prácticamente gratis. 

En este terreno, el de la concienciación empresarial a partir de una información rigurosa, los autónomos nacionales tienen aún mucho camino por recorrer, ya que no llega al 23% el porcentaje de autónomos que ha pedido esta ayuda a lo largo de sus distintas convocatorias, que arrancaron en 2022. 

Transición en la lucha antifraude

El Kit Digital tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos/as, además de contribuir a modernizar el tejido productivo español. Los trabajadores por cuenta propia y empresas de menos de 50 empleados pueden solicitar hasta el 31 de diciembre de 2024 las ayudas del Kit Digital y optar a bonos digitales de 2000, 6.000 o 12.000 euros, en función del segmento al que pertenezcan. No obstante, ese plazo se amplía para microempresas con menos de 3 trabajadores y a los autónomos, que cuentan hasta el 31 de octubre de 2025 para solicitar un bono digital de 3.000 euros. 

Según Marcos de la Cueva, CEO de Billin, empresa experta del Grupo TeamSystem, “si 2023 fue el año del nuevo sistema de cotización para autónomos y 2024 el año en el que todos los autónomos tienen que presentar la declaración de la renta, 2025 no deja lugar a dudas: será el año de transición, la antesala de la facturación electrónica que tanto va a hacer en la lucha contra el fraude y en la productividad de pymes y microempresas”. 




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