La reciente iniciativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo el lema "España en libertad", para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la muerte de Francisco Franco, ha generado un amplio debate político e intelectual. En un contexto en el que el relato histórico de la transición española sigue siendo un terreno disputado, esta propuesta ha sido interpretada por muchos como un intento de resignificar la memoria colectiva, vinculando el final de la dictadura con la conquista de la democracia. Sin embargo, la crítica no ha tardado en aflorar, evidenciando que la gestión de la memoria histórica continúa siendo un campo fértil para la controversia y la división.

Debe tenerse presente que el manifiesto titulado Contra Franco. La Constitución es la única celebración posible, firmado por ochenta y siete personalidades destacadas del ámbito político, cultural y periodístico, constituye una respuesta contundente a los actos propuestos por el Gobierno. Entre los firmantes figuran nombres como Arcadi Espada, Andrés Trapiello y Cayetana Álvarez de Toledo, quienes acusan al presidente del Gobierno de fomentar el guerracivilismo al revivir las heridas de un pasado que, según afirman, los españoles han superado gracias al consenso constitucional alcanzado en 1978. Este documento plantea una crítica frontal a la política de memoria de Sánchez, considerándola no solo una manipulación histórica sino también una herramienta de polarización social.

El núcleo del manifiesto gira en torno a la afirmación de que la Constitución de 1978 representa el verdadero pacto de reconciliación entre los españoles. Este argumento no es meramente retórico, sino que encuentra respaldo en el diseño jurídico-político que permitió la transición democrática. La Carta Magna se erigió como el símbolo de una nueva etapa en la que las diferencias ideológicas se subsumieron en un marco de convivencia común. La referencia a las palabras de Manuel Azaña, "paz, piedad y perdón", resulta especialmente significativa, pues señala la necesidad de abandonar el revanchismo y optar por una memoria que integre todas las perspectivas, evitando el riesgo de perpetuar el resentimiento.

La plataforma cívica Libres e Iguales subraya que los actos conmemorativos en torno a la muerte de Franco no solo desvían la atención de los problemas actuales, sino que también instrumentalizan la historia para fines políticos. Esta estrategia, según los firmantes, contradice el espíritu reconciliador que inspiró la transición y la propia Constitución. La memoria histórica, afirman, debe ser una herramienta para la justicia, no un pretexto para reabrir heridas o imponer narrativas excluyentes. De lo contrario, se corre el riesgo de convertirla en un mecanismo de confrontación, erosionando los fundamentos del pacto constitucional.

Resulta crucial destacar el trasfondo jurídico de esta controversia. La Constitución de 1978 no solo estableció el marco normativo para la democracia española, sino que también consagró un modelo de justicia transicional basado en el olvido recíproco y el perdón mutuo. Este modelo, aunque no exento de críticas, logró evitar la fragmentación social al priorizar la estabilidad política y la reconciliación. Desde esta perspectiva, los intentos de reinterpretar el pasado a través de políticas de memoria selectivas pueden considerarse una vulneración de los principios fundamentales que sustentan el orden constitucional.

La acusación de "guerracivilismo" dirigida al Gobierno no debe interpretarse únicamente como una descalificación política, sino como una advertencia sobre las implicaciones de utilizar la memoria histórica como herramienta de división. El derecho a la memoria es incuestionable, pero su ejercicio debe ser compatible con los valores constitucionales de unidad y pluralismo. En este sentido, resulta pertinente recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado en diversas ocasiones que la interpretación de la historia no puede ser monopolizada por el Estado ni utilizada para coartar el derecho a la libertad ideológica y de expresión.

Ciertamente, la celebración del quincuagésimo aniversario de la Constitución en 2028 se presenta como una oportunidad para reafirmar estos valores y para construir un relato inclusivo que no solo honre el pasado, sino que también promueva un futuro de convivencia. Frente a los cien actos programados para conmemorar la muerte de Franco, cabe preguntarse si no sería más productivo enfocar los esfuerzos en preparar doscientos actos que celebren los logros de la democracia y el Estado de derecho, consolidando el pacto social que ha permitido a España superar décadas de división.

En resumidas cuentas, el debate suscitado por esta iniciativa pone de manifiesto la importancia de gestionar la memoria histórica con responsabilidad y visión de futuro. La Constitución de 1978 sigue siendo el mejor ejemplo de cómo los españoles pueden encontrar puntos de acuerdo en medio de sus diferencias. Cualquier intento de reabrir las heridas del pasado debe ser cuidadosamente evaluado a la luz de su impacto en la cohesión social y en los valores fundamentales que sostienen nuestro sistema democrático. El verdadero desafío no radica en celebrar el fin de una dictadura, sino en fortalecer los pilares de una democracia que, como señala el manifiesto, es la única celebración posible.