Introducción
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, bajo el título de “Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia”, introduce reformas significativas en el sistema judicial español, con cambios estructurales y procesales que afectan directamente al ámbito penal. Su objetivo principal es agilizar los procedimientos judiciales, reducir la carga de los tribunales y mejorar la accesibilidad a la justicia. Sin embargo, su implementación plantea ciertos retos que es necesario analizar. A continuación, se detallan los cambios más relevantes de la reforma y su impacto práctico.
Principales modificaciones en el ámbito penal
1. Creación de los Tribunales de Instancia
Se suprimen los juzgados unipersonales y se establecen órganos judiciales colegiados, organizados en secciones especializadas. Esta reforma pretende mejorar la especialización y eficiencia de la justicia penal. Sin embargo, plantea interrogantes sobre la redistribución de competencias y la transición entre el sistema actual y el nuevo modelo.
2. Oficinas de Justicia en los municipios
Se busca descentralizar la administración de justicia con la implementación de oficinas locales en municipios sin Tribunal de Instancia. Esto podría mejorar la accesibilidad, aunque su efectividad dependerá de los recursos disponibles y de la infraestructura técnica y humana.
Reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)
3. Audiencia preliminar en el Procedimiento Abreviado
Se sustituyen las tradicionales Cuestiones Previas por una audiencia preliminar en la que se admitirán pruebas, se podrán cerrar acuerdos de conformidad y resolver otras cuestiones antes del juicio oral. Este cambio aceleraría el procedimiento penal y evitará dilaciones innecesarias, beneficiando tanto a la defensa como a la acusación.
4. Fomento de la Justicia Restaurativa
Se impulsa la resolución de conflictos penales mediante acuerdos de mediación entre acusado y víctima. Se espera que esta medida reduzca la sobrecarga judicial, aunque su aplicación dependerá de la aceptación de las partes y de la voluntad de los jueces de fomentar esta vía.
5. Conformidad sin límite penológico
Se elimina el límite de 6 años de pena para alcanzar acuerdos de conformidad. En la práctica, esto permitirá cerrar un mayor número de casos mediante acuerdos entre defensa y fiscalía, reduciendo la carga de los tribunales y el número de ingresos en prisión.
6. Derecho del acusado a declarar en último lugar
Se reconoce el derecho del acusado a ser el último en declarar si así lo solicita, lo que fortalece el principio de defensa y evita que su testimonio quede condicionado por otras declaraciones previas en el juicio.
Especialización en delitos contra menores y mujeres
7. Creación de Secciones Especializadas
Dentro de los nuevos Tribunales de Instancia se establecen secciones específicas para casos de violencia contra la infancia y la adolescencia, así como para violencia sobre la mujer. Esto permitirá un enfoque más especializado, aunque existe el riesgo de segmentación excesiva y posibles retrasos si no se dotan de recursos adecuados.
Valoración y posibles retos en su aplicación
Aspectos positivos
● Reducción de tiempos procesales con la audiencia preliminar y la conformidad sin límite penológico.
● Mayor especialización y garantías con la creación de Tribunales de Instancia y secciones para violencia contra menores y mujeres.
● Fomento de la resolución alternativa de conflictos, lo que reducirá la carga judicial.
Posibles problemas en su implementación
● Transición compleja al nuevo modelo judicial, con una redistribución de competencias que podría generar problemas organizativos.
● Falta de medios: La eficacia de estas reformas dependerá de la dotación presupuestaria y los recursos humanos disponibles.
● Segmentación de la justicia penal, lo que podría generar retrasos en los procedimientos si no se gestiona correctamente.
Conclusión
La Ley Orgánica 1/2025 supone un avance en eficiencia y garantías procesales en el ámbito penal. Sin embargo, su éxito dependerá de su implementación efectiva y de los recursos destinados a su aplicación.
Aunque la reforma plantea soluciones para agilizar los procedimientos y mejorar la especialización judicial, también presenta retos que deberán ser abordados para evitar el colapso del sistema.
Desde Lealta Abogados, estaremos atentos a la aplicación práctica de esta normativa y sus efectos en el sistema penal español.
